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Seguidamente hacen un análisis sobre la legalidad, la tipicidad y la
no retroactividad del delito de desaparición forzada, para lo que
traen a colación el bloque de constitucionalidad, de donde deducen
que al observar el numeral 2° del artículo 15 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que hace parte del bloque de
constitucionalidad, se debe concluir que dados los antecedentes
existentes para la época en el derecho internacional, la desaparición
forzada de personas era ya considerada en los principios de
derecho internacional un crimen contra la humanidad.
Se analizan las fuentes de derecho internacional, dado el
señalamiento que hace la defensa en cuanto a que el
procesamiento y condena de sus defendidos por el delito de
desaparición forzada de personas viola el principio de legalidad, en
tanto, en su sentir, para la época de los hechos dicha conducta no
se encontraba tipificada como delito, para argumentar que, tal y
como se refiere en la normatividad por ellos analizada y que es
anterior a los hechos del Palacio de Justicia y el concepto
autorizado del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias, necesariamente se descarta la argumentación de la
defensa, que, en su sentir, sí desconoce abiertamente el derecho
internacional de los derechos humanos, generando sofismas
distractores de la realidad jurídica y de la justeza de la imputación y
condena penal.
Se realiza un análisis de las resoluciones, informes y jurisprudencia
de los órganos de protección, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, de donde concluyen que conforme al derecho
internacional de los derechos humanos la desaparición forzada de
personas era considerada antes de los hechos del Palacio de