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y en el manejo de los liberados y, particularmente, de los
sospechosos participaron unidades de otros estamentos de
seguridad como el DAS, el F-2, la DIJIN y la Policía, y hay evidencia
en cuanto a que en efecto algunas de estas entidades se ocuparon
de “manejar” tildados de sospechosos, como ocurrió en el pluricitado
caso de los estudiantes YOLANDA SANTODOMINGO y EDUARDO
MATSON, cuyos documentos son luego remitidos al Capitán
OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ por parte del Jefe
Encargado de la Sección Técnica de la DIJIN.
No hay prueba objetiva, clara, concreta y contundente, que muestre
a alguno de los tres sargentos procesados como autores inmediatos
del comportamiento punible, o desarrollando una actividad
específica encaminada a facilitarlo o consumarlo.
Por el contrario, nótese cómo, BERNARDO GARZÓN GARZÓN y
EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, quienes más se acercan a
individualizar e identificar a los autores directos del secuestro y
desaparición forzada de las personas señaladas, refiriéndose
específicamente al caso de IRMA FRANCO y a uno que da a pensar
que se trate del de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, para
nada mencionan a ninguno de estos tres procesados y sí en cambio
dan nombres propios de otros sujetos como los ejecutores
materiales directos del delito.
No hay prueba, pues, respecto a que ANTONIO RUBAY JIMENEZ
GOMEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA o FERNEY
ULMARDIN CAUSAYA PEÑA sean los ejecutores directos del
comportamiento punible, ni elementos de juicio suficientemente
sólidos para derivarles responsabilidad penal por los hechos por los
que se les acusó.