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Por ello considera que la Fiscalía tomó equivocadamente el delito de
secuestro, cuando no se configura ni el delito de secuestro ni el de
detención arbitraria, por cuanto no hay desaparecidos.
Para el defensor la Fiscalía ignora la sentencia C-368 de 2000 al
procesar por el delito de desaparición forzada por hechos ocurridos
antes de entrar en vigencia el nuevo Código Penal, que consagra
esta conducta como delito y señala la pena correspondiente.
De otra parte, indica que la Fiscalía solicitó sentencia condenatoria
en contra de su prohijado por ser coautor del delito de desaparición
forzada; coautoría que se define como la forma de participación en
el delito, que requiere de manera sine quanon la existencia de un
acuerdo común y la división de tareas para cometer el ilícito, donde
cada uno de los copartícipes actúa en consonancia con el
preacuerdo, realizando la labor acordada.
Sin embargo, considera que tal y como se ha constatado por esa
defensa no existe prueba que lleve a la certeza que hay
desaparecidos y menos aún que su representado haya desplegado
conducta alguna que transgreda las normas, ni se cumple con el
presupuesto del acuerdo previo, pues ese acuerdo previo la Fiscalía
lo establece atendiendo el plan tricolor, que es un plan defensa
nacional, que por su misma naturaleza no puede calificarse como un
acuerdo criminal. Además, aquí no se probó por qué tal afirmación
debe ser tenida en cuenta para que el fallador acoja la petición de
condena solicitada.
Por tanto, considera que al no cumplirse con los requisitos de
existencia del hecho ni responsabilidad del procesado, el fallo a
proferir debe ser absolutorio.