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tratados internacionales ratificados por Colombia, no pueden ser suspendidos
durante tales estados. Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen
en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus
derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las
condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca
podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio. En suma, desde
el punto de vista estrictamente constitucional, resulta claro que las Fuerzas
Militares ocupan una posición de garante para el respeto de los derechos
fundamentales de los colombianos. La existencia de esa posición de garante
significa que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, o
en general por las graves violaciones a los derechos humanos, sin importar la
forma de intervención en el delito (autoría o participación), o el grado de
ejecución del mismo (tentativa o consumación) o la atribución subjetiva (dolo o
imprudencia). Las estructuras internas de la imputación no modifican la
naturaleza del delito realizado; estas no cambian porque el interviniente (para el
caso, quien omite) se limite a facilitar la comisión de un hecho principal, o
porque no se alcance la consumación del hecho” (subrayado ajeno al
original).
En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia
en
pronunciamiento del 27 de julio de 2006 precisó que “La posición de
garante es la situación en que se halla una persona, por la cual tiene el deber
jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico
evitable. Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir
un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante.
En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado
específicamente por la Constitución o la ley a actuar se abstiene de hacerlo y
con ello da lugar a un resultado lesivo que podía ser impedido. Es el concepto
que vincula el fenómeno estudiado con los denominados delitos de comisión
por omisión, impropios de omisión o impuros de omisión.
En sentido amplio, es la situación general en que se encuentra una persona que
tiene el deber de conducirse de determinada manera, de acuerdo con el rol que
desempeña dentro de la sociedad. Desde este punto de vista, es indiferente
que obre por acción o por omisión, pues lo importante es que vulnera la
posición de garante quien se comporta en contra de lo que se espera de ella,
porque defrauda las expectativas sociales sobre su comportamiento.