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suerte que no existe duda alguna respecto a su procedencia,
autenticidad y lugar de su conservación.
En otras palabras, en desarrollo de la labor del perito resultó
evidencia que se recolectó, aseguró, registró y documentó,
informando de ello al Juzgado, tal y como imperativamente lo
dispone el ordenamiento procesal.
De esa manera, toda la documentación tenida en cuenta por el
perito para su estudio fue traída al proceso en copia auténtica y
puesta a disposición de los sujetos procesales, garantizándoles el
conocimiento de la prueba para su examen y el ejercicio de los
derechos de controversia y contradicción.
Así las cosas, para el Despacho no asiste razón a la alegada
ilegalidad de la prueba tenida como soporte para el estudio
grafológico DG-672741, de fecha 10 de abril de 2012, ni se
desconocieron o vulneraron derechos de los sujetos procesales en
tanto han tenido no sólo la posibilidad sino la oportunidad y garantía
de conocer y controvertir los elementos de juicio o evidencia
resultante de la actividad desarrollada por el perito grafólogo, al
punto que parte del cuestionamiento realizado al trabajo técnico se
encamina a excluir del material indubitado considerado por el perito
los documentos aportados por la Dra. BUITRAGO, por
corresponder, según el sentir de los censores, a un documento
proveniente de la misma persona que suplantó a VILLAMIZAR
ESPINEL ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte.
Ahora, si el dictamen hubiera basado sus conclusiones de
uniprocedencia manuscritural exclusivamente en la confrontación
del documento dubitado con los documentos extraídos del
contenedor 9760 P, esto es, los aportados por la Dra. ANGELA