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evaluativos rendidos por el Fiscal Regional identificado con el código
023 conceptúa que los datos entregados por este deponente “han
servido, no solo a la Procuraduría, sino que, los nuevos que ha suministrado
para la identificación de los presuntos responsables tanto materiales como
intelectuales de los hechos narrados, si bien es cierto, penalmente no han sido
utilizados, ….. en lo disciplinario y que se conociera en otrora época ha sido
utilizado para adelantar dicho proceso, …” y por consiguiente considera
que se hace acreedor a los beneficios consagrados en la Ley 81 de
1993 85 .
En el mismo sentido se pronunció PABLO GONZALEZ MONGUI,
quien se desempeñó como jefe de la Oficina de Investigaciones
Especiales de la Procuraduría entre septiembre de 1989 y marzo de
1991, persona que frente la Fiscalía Delegada ante la Dirección
Nacional del CTI, bajo juramento, reconoció que con los datos
suministrados por GARZÓN se pudo establecer el paradero de
NIDIA ERIKA BAUTISTA y LUIS PRIETO, concretando que “La
información suministrada por esa persona fue muy valiosa y considero que
sigue siendo importante, porque hasta donde la Procuraduría pudo constatar,
todos los datos por él suministrados, fundamentalmente sobre ubicación de las
Victimas fueron constatados excepto en el caso del cuerpo de AMPARO
TORDECILLA, que pudo haber sido arrastrado por las aguas del rio en donde
fue asesinada” 86 .
Ahora, si bien finalmente el 11 de agosto de 1997 el Despacho del
Fiscal General de la Nación niega los beneficios por colaboración a
GARZÓN GARZÓN, no fue precisamente porque la información
suministrada no fuera valiosa, útil o fuera falsa.
Por el contrario, tuvo en cuenta que “los avances conseguidos en la
Procuraduría conducen a pensar en la seriedad de la colaboración” 87 ; sin
85 Folios 190 al 193 y 219 al 223 Original de Anexos de la Instrucción N° 88.
86 Folio 217 ibídem.
87 Folio 235 del mismo cuaderno.