sent-201100300-15

2011-00300 67
mandato constitucional aplicar la ley vigente para el momento de los
hechos, con ocasión del principio de favorabilidad.
Precisa que el ente instructor no puede afirmar que el delito de
desaparición forzada sea siempre de lesa humanidad, puesto que
se habla del mismo cuando se trata de un ataque generalizado y
sistemático y este caso no cabe dentro de ese rango.
Igualmente considera que la Fiscalía no puede “tomar Leyes
Colombianas, tratados internacionales y cambiarlas a su gusto o conveniencia
profesional”, puesto que no se puede jugar con la inocencia de las
personas, tampoco crear teorías convenientes para acusar a alguien
por el simple “capricho institucional y quedar bien con el país”.
En esas condiciones considera que la Fiscalía vulnera sus derechos
constitucionales, puesto que es llamado a juicio con argumentos
jurídicos no aplicables y sin prueba alguna que lleve a la conclusión
de que él cometió algún delito.
Argumenta una equivocada apreciación de la prueba en la
resolución de acusación, en cuanto a que en su folio de vida se
indica que era un especialista de inteligencia para la fecha de los
hechos, resaltando que el 23 de julio de 1986 le dieron el distintivo
de Especialista de Inteligencia, el 1° de noviembre de 1988 se
certifica que adelantó pruebas teóricas y prácticas en el curso de
inteligencia básica y el 4 de noviembre de 1992 fue cambiado al
arma de inteligencia, y no como lo quiere hacer creer la Fiscalía,
quien ha mirado su hoja de vida de manera “sesgada y de manera
incorrecta no sé si de mala fe o simple capricho, porque la ley obliga mirar la
prueba de manera completa sea negativa o positiva para la persona
investigada”.