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libertad y la negativa a reconocer dicha privación o de informar
sobre su suerte y su paradero, manteniéndose el comportamiento
punible en el tiempo y en la consumación hasta que no se conozca
el paradero de la víctima.
De manera, aun cuando la víctima hubiese muerto, si el autor no
suministra información sobre la privación de la libertad sufrida por
esa persona, o no informa acerca de la suerte corrida por ella, el
delito sigue ejecutándose, en tanto continúa incumpliéndose el
deber de información, toda vez que el desconocimiento de la suerte
y de la ubicación de la víctima es lo que caracteriza el punible,
siendo parte del reproche penal precisamente el que el victimario no
dé razón sobre la ubicación del desaparecido, bien sea vivo o
muerto.
Es tan cierto lo anterior que nuestro legislador, previendo la
posibilidad de la muerte de la víctima, en el art. 167 de la Ley 599 de
2000 no excluye en esa hipótesis la configuración del punible de
desaparición forzada, pero sí estima circunstancia de atenuación
punitiva el que los autores o partícipes suministren información que
conduzca a la recuperación del cadáver de la persona
desaparecida.
A la luz de ese marco jurídico procederemos a examinar las pruebas
relacionadas con las once personas señaladas como desaparecidas
del Palacio de Justicia, haciendo una pequeña semblanza de cada
una, en reconocimiento de su individualidad jurídico social y en tanto
puede ser útil como marco de referencia para evaluar la prueba
existente sobre su supervivencia a la operación militar.