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Nosotros los Arquitectos
tereses económicos de la elite y la opinión de los técnicos era tomada en cuenta sólo si no
contradecía la de estos grupos de poder. 62
Después de su virtual refundación en 1901, la Sociedad de Arquitectos estará en mejores
condiciones para aparecer nuevamente en escena y reclamar un lugar privilegiado en
las decisiones de los grandes proyectos que prometía la creciente prosperidad económica.
La práctica de los concursos propiciaría, desde la perspectiva de sus defensores, el mejoramiento
progresivo de la calidad artística de la edilicia, en particular la pública y monumental,
cumpliendo a la vez un papel pedagógico en cuanto a la cultura artística de la sociedad
en general y de la clase dirigente en particular.
En 1903, siendo Alejandro Christophersen presidente de la Sociedad, encomendó a
dos importantes socios, Carlos Nordmann y John Doyer, para elaborar la propuesta de lo
que sería el primer reglamento para los Concursos. Este fue aprobado por la Sociedad el
12 de febrero de 1904 y estuvo vigente por más de trece años –muy productivos por cierto–
hasta 1917 que se reemplazó por otro más completo. Este primer reglamento establecía
clases, categorías y condiciones mínimas que debían reunir los llamados y tendía en general
a promover esta práctica, reconocida al interior del campo como productiva y
benéfica, pero a la cual había que proteger –desde la visión de los arquitectos– del abuso y
la manipulación, resultado tanto de actitudes inescrupulosas de quienes convocaban o
quienes decidían los concursos, como de la ignorancia en materia de arte arquitectónico.
Lo cierto es que el sistema de los Concursos tenía defensores y detractores, dentro y
fuera del campo, en algunos casos con argumentos equivalentes, con razones fundadas en
criterios diferentes. En primer lugar, fue necesario instalar la necesidad de los Concursos
para el caso de la edilicia pública, más tarde se verá la necesidad también de ajustar la obra
privada de cierta importancia a los mismos requerimientos que la gran obra pública. La
práctica liberal de la profesión instalaba como criterio general que así como era lícito contratar
al médico o al abogado en quien se tenía confianza, lo mismo sucedía con el arquitecto.
¿Por qué llamar a concurso? Esta práctica era vista desde lo social como problemática
e innecesaria, y desde el campo disciplinar como beneficiosa, a pesar de los problemas
que pudiesen presentarse.
Los dos problemas centrales, desde el balance de la prensa técnica, de esos primeros
trece años de práctica reglamentada de los concursos (1904-1917) giraban en torno de la
composición de los jurados y del otorgamiento de premios.
La Sociedad Central en nombre de todos los arquitectos se confería la capacidad de
ser el organismo idóneo para decidir, con un protagonismo central dentro de los jurados,
el resultado de las convocatorias de Concursos. El procedimiento habitual apuntaba, en
primer lugar a buscar el reconocimiento de esta capacidad en el campo social y en caso de
no encontrar eco, la sanción que imponía era la crítica mordaz, la desautorización de los
jurados, la invalidación del llamado o de los resultados, todo desde la voz autorizada del
saber y en uso de la función de representar a los socios.
62 Son numerosos y variados los ejemplos que pueden darse con relación al peso que pudo tener la opinión de los técnicos
en la toma de importantes decisiones de obras públicas. Como regla general podemos afirmar que la atención dada a las
soluciones formuladas por los técnicos no dependió de la calidad de la propuesta ni de la adecuación a las necesidades sociales
planteadas, sino que el éxito o eficacia del discurso técnico dependió fundamentalmente de su articulación con lo
político y lo económico.
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