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Nosotros los Arquitectos
En 1938 se decía:
“Es inconcebible que un Estado bien organizado exija una preparación previa que, desde
la escuela primaria hasta la Universidad significa 18 años de estudios continuos, para que
una vez vencidas todas las pruebas de competencia y los esfuerzos indispensables para alcanzar
la calidad universitaria de arquitecto, sea equiparable a este advenedizo incontrolado
y audaz o a aquellos que solo hayan recibido conocimientos elementales de dibujo o
de teoría constructiva. El Estado que admite esa dualidad de origen en el profesional niega
la necesidad de su propia acción cultural y desacredita sus resultados”. 98
Es más, este artículo hace hincapié en que cualquier otra profesión y hasta los oficios
vinculados con la construcción están sujetos a pruebas de idoneidad que la profesión de arquitecto
no posee, lo que la deja “librada a la incursión de los ignorantes, los incontrolados
y los audaces”.
Ese mismo año, un artículo de la Revista de Arquitectura daba publicidad al último
proyecto de reglamentación del diputado Víctor Juan Guillot, de las profesiones de agrimensor,
ingeniero y arquitecto. El proyecto de 14 artículos, basado según el autor en proyectos
anteriores, contaba con el aval y la participación de las instituciones profesionales,
Centro Nacional de Ingenieros y Sociedad Central de Arquitectos.
El proyecto que finalmente se convirtió en la primera ley de reglamentación profesional
era similar, aunque bastante más completo, que el mencionado en el párrafo anterior.
El Decreto ley 17946 / 1944 (ver en Apéndice) que reglamentaba el ejercicio de las
profesiones de agrimensor, arquitecto e ingeniero, establecía la condición excluyente de posesión
de título universitario para poder ejercer cada una de las profesiones. También creaba
los Consejos Profesionales que en adelante velarían y controlarían el ejercicio profesional.
Dos años más tarde, el Decreto 8036 / 1946 modificaba el anterior para incorporar a
los profesionales que, careciendo de título o de reválida, hubieran ejercido relevantemente
durante más de 10 años la profesión. Esta fue una disposición transitoria ya que determinaba
el levantamiento de un registro, por única vez, para no lesionar derechos adquiridos
por numerosos profesionales sin títulos.
Sintetizando, la reglamentación será, a lo largo de todo el siglo XX un objetivo de cohesión
del gremio, que actuará al interior del campo como meta deseada de “control de ingresos”
y, hacia afuera como una condición para jerarquizar la profesión, contribuir a la
cultura artística de la sociedad no permitiendo el ejercicio profesional a “ineptos” o “incapaces”.
La prensa corporativa da cuenta, reiteradamente del tratamiento de este tema, desde
principios del siglo hasta la sanción del decreto ley de 1944, que impone la obligatoriedad
generalizada del título, dispone que las respectivas Facultades deben establecer
detalladamente las incumbencias de cada profesión universitaria y finalmente crea los Consejos
profesionales que absorben y reúnen las funciones de control y regulación del ejercicio
profesional. Se produce un desplazamiento, merced a la transformación de la forma y
función del Estado, que implica el triunfo de las fuerzas de control estatal por sobre el poder
de las instituciones corporativas, que como la Sociedad de Arquitectos se convierte en
un espacio periférico perdiendo el manejo de aspectos centrales del ejercicio profesional.
98 Cf. “Responsabilidad y reglamentación de la profesión de arquitecto”, Revista de Arquitectura, Nº 211, Año XXIV, julio de
1938, p. 283.
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