presencia del pensamiento acalitense contemporneo xi - UNAM

orden social o económico, por los medios adecuados... y resistir pasivamente los
desmanes que la horda revolucionaria cometía o anunciaba cometer.
El problema recrudeció en 1926 y Pió XI manifestó su inconformidad en carta al
arzobispo Mora y del Río a las ordenaciones y mandatos del gobierno mexicano,
que distan tanto de buscar el bien común y no merecen el nombre de leyes. Pide
al clero y asociaciones religiosas que se abstengan de toda participación en
política, para que no deis ocasión a los adversarios de la fe católica, de considerar
a vuestra religión como un partido o facción política... No por eso les queda
prohibido el ejercer los derechos y cargos civiles, comunes a todos los
ciudadanos: mas aún, tanto su fe como el bien común de la Religión y de la Patria
exigen que se usen esos derechos y se ejerciten esos cargos.
El mismo mes de febrero se dieron algunos atropellos que enardecieron a los
católicos como fue la clausura de algunos colegios católicos y conventos en Villa
de Guadalupe y expulsión de algunos sacerdotes en Jalisco por no tener permiso
para ejercer, así como cierre de templos; al mes siguiente se le decretaría formal
prisión al Obispo de Tulancingo, Mons. Manríquez y Zarate. Estos actos causaron
serios tumultos y enfrentamientos contra la policía. En abril el Episcopado
mexicano dio a conocer una Carta Colectiva en que manifestaba su inconformidad
ante la situación reinante; entre otras cosas decía: Si la Iglesia es una sociedad
distinta del Estado, e independiente de él por su origen, por su naturaleza y por su
fin, es evidente que la Iglesia no debe ni puede, sin traicionarse
a sí misma, sin
desobedecer a Dios, admitir inferencia alguna del Estado, ni en su doctrina, ni en
su jerarquía, ni en su gobierno, ni en todos los medios necesarios y útiles para su
fin supremo. Y al referirse al control de los sacerdotes decía: no se les considera
como tales, sino como simples profesionales... Se les prohibe el ejercicio de sus
derechos políticos y cívicos. Se fiscaliza su acción religiosa, obligándolos a ellos
en unión de diez vecinos, a que den parte a las autoridades de haberse encargado
de algún templo o de haber sido trasladados a otra parte. En suma, a la vez que
se les desconoce toda personalidad jurídica como ministros y se les considera
como profesionistas, se les quitan casi en absoluto, sus derechos de ciudadanos,
y esto aunque sean mexicanos de nacimiento.
Lo que colmó el vaso fue la Ley Calles de 14 de junio de 1926 que reformaba el
Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en referencia a los delitos y
faltas en materia de culto religioso y disciplina externa.
Contiene 33 artículos y 3
transitorios y se refieren al culto, a la enseñanza, a las publicaciones periódicas
religiosas, o simplemente de tendencias marcadas a favor de determinada
creencia religiosa, a las cuales se les prohíbe comentar asuntos políticos e
informar sobre actos de las autoridades del país o de particulares relacionadas
directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas. Por lo que no es
de extrañar que a partir del 31 de julio, la prensa diera un viraje y comenzara
a dar
noticias tendenciosas en materia
religiosa.
La primera respuesta de los católicos contra ésta fue organizar la defensa religiosa
mediante un boycot, una resistencia pacífica en el campo cívico, con objeto de
crear un estado de crisis económica que obligara al Gobierno a hacer cesar la
situación de opresión legal en que vive la Iglesia Católica en nuestra patria. Calles
no lo tomó en serio y llamó al movimiento pujido de beatas y muecas de
sacristanes: pero pronto se dio cuenta que no era así y que el pueblo no estaba
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