presencia del pensamiento acalitense contemporneo xi - UNAM

para conseguir la libertad religiosa, cuyo principal triunfo fue la derogación del
decreto 1913 sobre el número de sacerdotes que podían oficiar en el Estado.
Aunque amainó temporalmente la presión contra la Iglesia y los católicos, el
problema quedó vigente. El verdadero estallido vendría con el Gobierno de Calles,
al decidir el 26 de enero la aplicación en todo el país el conjunto de leyes que en
materia religiosa había estipulado la Constitución de 1917, lo que empujó al
Episcopado a suspender los cultos a partir del 31 de julio de 1926. La idea de
resistencia pacifica propugnada por el maistro Cleto cambió y se pensó como
único camino recurrir a las armas; sustentaban los católicos este cambio en la
doctrina medieval de la guerra justa enseñada por Sto. Tomás
de Aquino e incluso
tomando el ejemplo, muy discutible, de las cruzadas y por la lectura del libro de los
Macabeos.
La guerra cristera se desató con la convicción de que era una guerra junta y que
su justificación estaba debidamente sustentada en la doctrina eclesiástica, por
cuya razón los obispos dejaron en libertad a los católicos de unirse libremente a
ella y a que los sacerdotes permanecieran
con sus fieles en el medio rural, aunque
sin comprometerse directamente con los combatientes. Esta decisión fue de
capital importancia para evitar que el desaliento de los cristeros cundiera y que
ante la actitud negativa de buena parte del clero los precipitara en el cisma o la
heregía. Durante estos años la comunidad católicas atravesó por múltiples
penalidades, sobre todo en el medio rural.
La presión interna que generaba la guerra cristera sobre el gobierno; el asesinato
del presidente reelecto, Obregón, por un activista católico, el apremio extranjero
sobre el país, particularmente el norteamericano, para que se diese solución al
conflicto y, también, la relajación de la disciplina en la comunidad católica, llevó
finalmente a la celebración
de unos arreglos entre iglesia y Estado. Por este
consenso oral, el gobierno se comprometió a no aplicar los artículos persecutorios,
aunque no los abatió. Los obispos participantes, Leopoldo Ruíz y Flores, de
Michoacán, y Pascual Díaz Barreto, de Tabasco, se comprometieron a obligar a
los cristeros a entregar las armas y a reanudar los cultos. Emilio Portes Gil que
negociaba por parte del Gobierno y como presidente interino, exigió además se
entregaran al gobierno al arzobispo Orozco y Jiménez y a los obispos González
Valencia y Manríquez y Zarate, los que fueron expulsados del país.
Los obispos cumplieron su parte a pesar del elevado número de cristeros y de que
la generalidad no estaba de acuerdo a unos arreglos de palabra, que ningún éxito
aseguraban a una lucha de más de tres años. De gran ayuda fue el mensaje del
general cristero Jesús Degollado Guizar, jefe máximo de las tropas cristeras al
respecto: Su Santidad el Papa, por medio del excelentísimo señor Delegado
Apostólico, ha dispuesto por razones que no conocemos, pero qu,. como católicos
acatamos, que sin derogar las leyes, se reanudarán los cultos... La solución
aplicada a la guerra cristera puso fin a este poderoso movimiento social nacido de
ideales religiosos
sinceros, aunque el gobierno y la sociedad en general fueron
incapaces de entender y aceptar las consecuencias de estos arreglos.
Encontramos en nuestro
autor estas consideraciones finales en Mis recuerdos de
la gesta cristera a las que sobran comentarios. Todo acabó de cualquier manera.
Los espectadores, ante lo inesperado del caso, reaccionaron distintamente, según
su criterio y conveniencia... La hipocresía,
el engaño y la traición con abuso de
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