La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

103
País
Cuadro II.2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (14 PAÍSES): LEYES MARCO DE MEDIO AMBIENTE Y
REFERENCIAS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), DEFINICIÓN DE DAÑO E
INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Ley marco del medio ambiente
Cuenta con
legislación para
evaluación
del impacto
ambiental (EIA)
Cuenta con
definición legal
de daño
ambiental
Incorpora el
principio de la
participación
en la ley
Argentina Ley núm. 25.675 (2002) X X X
Brasil Ley núm. 6.938 (1981) X X X
Chile Ley núm. 19.300 (1994) X X X
Colombia Ley núm. 99 (1993) X X X
Costa Rica Ley Orgánica del Ambiente (1995) X X X
Cuba Ley núm. 81 (1997) X X X
Ecuador Ley de Gestión Ambiental (1999) X X X
El Salvador Ley del Medio Ambiente (1988)
X X X
y su reglamento general
Guatemala Ley 68-86 (1986) X … X
Haití
Decreto sobre la gestión ambiental
X … …
para el DS (2011)
Nicaragua Ley núm. 217 (1996) X X X
Panamá Ley núm. 41 (1998) X … X
Perú Ley núm. 28611 (2005) X X X
República Dominicana Ley 64-00 (2000) X X X
Uruguay Ley núm. 17.283 (2000) X X X
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), “Derecho y políticas ambientales. Legislación por países”, 2009 [en línea]
http://www.pnuma.org/deramb/legislacionporpaises.php?menusup=8 &menuinf=3.
Desde 1992 también ha habido un fuerte aumento de las instituciones nacionales dedicadas al
medio ambiente o al desarrollo sostenible. Todos los países de la región tienen actualmente un ministerio,
secretaría o equivalente dedicado al medio ambiente, en algunos casos vinculado a temas relacionados,
como agricultura, vivienda, energía, recursos naturales u otros (véase el cuadro II.3). Sin embargo, a
menudo estos organismos se encuentran en una situación en la que se les otorga menos prioridad que a
otras esferas de las políticas públicas, por ejemplo en lo que se refiere a la asignación de recursos
financieros y humanos. De hecho, el gasto público destinado a medio ambiente, como porcentaje del PIB,
no ha superado el 1% durante la primera década del siglo (Naciones Unidas, 2010) 1 . Lo observado en la
esfera nacional se aplica también a las esferas estaduales o provinciales. Las autoridades locales tienen un
papel crítico en la gestión ambiental, ya que el ámbito de acción frente a muchos problemas ambientales
es la esfera local. Están reconocidas de manera explícita en el Programa 21 (véase el capítulo III).
1
A modo de referencia, en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) este
gasto representa entre el 1% y el 2% del PIB (Naciones Unidas, 2010).