La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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a) Adoptar medidas regulatorias e instrumentos económicos —fiscales, de crédito e inversión
pública, de compras públicas, entre otros— que den valor a las externalidades (negativas o
positivas) y que permitan a los agentes contabilizar los costos y beneficios totales de su actividad
La tasación de las actividades contaminantes o que provocan la degradación del medio ambiente
debe reflejar el costo social de estas externalidades.
A efectos de analizar la inversión pública y las políticas de las instituciones financieras para el
desarrollo, se requieren valores contables de los daños o costos ambientales y de salud, la incorporación
de la gestión del riesgo y la aplicación de tasas de descuento compatibles con el largo plazo, para efectuar
una adecuada comparación de las distintas opciones de inversión. La alta tasa de descuento aplicada en
las inversiones públicas dificulta o elimina opciones que pueden crear sinergias entre el crecimiento
económico, la infraestructura de calidad y menores impactos ambientales y sociales en el mediano y largo
plazo (Ocampo, Cosbey y Khor, 2011). Esta práctica debe revisarse siguiendo la metodología vinculada a
la tasa social de descuento.
El concepto de ecoeficiencia constituye también un importante marco de referencia para
incorporar los criterios de sostenibilidad en la evaluación de las inversiones (véase el capítulo I).
b) Reforzar, mediante la asignación de recursos financieros, humanos y tecnológicos, las
actividades de fiscalización de las normas ambientales y aumentar los costos del
incumplimiento
c) Incrementar la rentabilidad relativa de las actividades, los sectores y las opciones
tecnológicas de menor impacto ambiental, implementando o reforzando incentivos para su
fomento y eliminando subsidios directos o indirectos a las actividades o tecnologías que
perjudican el ambiente
Las decisiones de inversión pública y privada, las compras públicas, la emisión de contaminantes y
el acceso a los recursos naturales pueden incluir criterios ambientales, ya sea de manera normativa o en la
forma de costos (o derechos) de contaminación y degradación (o derechos de acceso o pagos por regalías) 4 .
De este modo, los costos privados o de mercado y los costos sociales o económicos tendrían mayor
correspondencia, y se darían señales de mercado y normativas en la dirección correcta.
d) Incentivar la protección del ambiente y los ecosistemas por medio del otorgamiento de
alternativas económicas para las comunidades localizadas en áreas vulnerables a la
degradación, respetando los valores culturales de cada país y comunidad
Los beneficios sociales de la protección del ambiente y la biodiversidad generalmente superan los
de los agentes privados, sobre quienes recae la decisión de conservar o degradar. Es posible impulsar la
protección del ambiente desarrollando actividades nuevas que surjan del mejor conocimiento y capacidad
de manejo de los ecosistemas. En la región, el Brasil, Costa Rica y otros países tienen experiencia en el
pago de servicios ambientales.
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Por ejemplo, mediante la asignación de valores contables a los contaminantes, que en la etapa de evaluación de
la inversión tendrían solo el efecto de modificar la rentabilidad esperada de los proyectos al reflejar
crecientemente sus costos sociales.