La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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En América Latina todos los países reconocen los derechos hereditarios a la tierra como
igualitarios (ONU-Mujeres, 2010a). En algunos marcos legales, se incluye a las mujeres como sujetos de
derechos, aunque en la mayoría se reconoce el derecho a la pareja (como titulación conjunta) o al
individuo independientemente de su sexo. En los casos de Chile, Colombia y Nicaragua, se priorizó a las
mujeres cabezas de familia en la distribución o titulación de tierras (RIMISP, 2006). Sin embargo, en la
práctica el control real de las mujeres sobre este recurso suele ser limitado. La implementación efectiva de
las leyes que garantizan igualdad de derechos en relación con la propiedad de la tierra resulta limitada al
entrecruzarse con la discriminación incorporada en otros aspectos del marco jurídico, particularmente en
temas de divorcio y sucesión. Además, los factores que determinan quién controla la tierra suelen
involucrar una compleja interacción de diferentes sistemas jurídicos —estatales, tradicionales y
religiosos— y normas culturales (véase el recuadro I.4).
Las reformas agrarias y las políticas públicas que promueven la distribución equitativa de la tierra
siguen siendo una asignatura pendiente de muchos países de la región. Fortalecer el acceso de las mujeres
a la tierra y su control sobre ella es un medio importante para mejorar su condición e influencia dentro de
los hogares y las comunidades. Al mismo tiempo, mejorar el acceso de las mujeres a la tierra y la
seguridad de su tenencia provoca repercusiones directas en la productividad agrícola y también puede
tener un impacto de gran alcance en el incremento del bienestar de los hogares (FAO, 2011).
Es impostergable avanzar en este sentido y garantizar el derecho sobre la tierra a mujeres y hombres
en igualdad de condiciones, para combatir la pobreza rural y lograr un desarrollo sostenible y la igualdad de
género. Del mismo modo, los servicios de extensión agrícola deben trabajar con una perspectiva de género,
estipulando acciones concretas para promover la participación de las mujeres en programas de adaptación al
cambio climático, así como poner a disposición nuevas tecnologías, tales como sistemas de irrigación que se
valen de energía solar o cultivos resistentes a las sequías (Lambrou y Piana, 2006).
c) Acceso, gestión y planificación de recursos
Las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a recursos productivos (por ejemplo,
tierras o ganado), participar de procesos de capacitación, utilizar el crédito u otros servicios financieros y
tomar decisiones sobre el manejo de los recursos (incluido el uso de su propio tiempo), por lo cual son
más susceptibles a vivir en condición de pobreza (Rico, 1998).
Formular y aplicar políticas, directrices y planes gubernamentales claros para alcanzar la igualdad
“en todos los aspectos de la sociedad” es un objetivo clave del Programa 21, según se expresa en el
capítulo 24, párrafo 2(f). Por lo tanto, garantizar que las mujeres participen en los procesos de
planificación pública y que las políticas cuenten con financiamiento adecuado es fundamental para tener
éxito. Sin embargo, aún son escasas las políticas y programas que se enfocan en las mujeres de zonas
rurales, y son pocos los programas nacionales de acción para la adaptación que mencionan a la mujer
como interesada clave o participante principal en actividades de adaptación.
Resulta crucial que las mujeres sean identificadas como actores clave de los procesos de desarrollo,
incluyéndolas en las consultas, el diseño y la implementación de políticas y programas, asegurando así la
igualdad de oportunidades en el acceso y en los beneficios de la gestión y planificación de recursos.
La respuesta para ello es el desarrollo y la implementación de procesos de planificación y
presupuestación pública que tengan en cuenta consideraciones de género (véase el recuadro III.2),
garantizando —entre otros elementos— asignaciones específicas que respondan a las necesidades
diferenciadas de la población (mujeres y hombres), de modo que los resultados del desarrollo
participativo y planificado sean equitativos (ONU-Mujeres, 2010a).