La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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Recuadro I.5
REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PLAGUICIDAS
Desde el inicio de los años noventa, varios países han implementado legislación encaminada a eliminar la
producción, importación y uso de plaguicidas peligrosos, eliminar existencias de productos prohibidos y reducir los
niveles de uso de agroquímicos. El Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de
Plaguicidas, de la FAO, suscrito por la gran mayoría de los países de la región, es un marco de referencia para las
medidas de gestión de los plaguicidas. Establece normas de conducta de carácter voluntario aplicables a las
entidades públicas y privadas que intervienen en la distribución y utilización de plaguicidas o tienen relación con
estas. Fue adoptado en 1985 y posteriormente revisado, con una nueva versión publicada en 2002, en la que se
tuvieron en cuenta disposiciones relativas al procedimiento de consentimiento fundamentado previo del Convenio de
Rotterdam, otras evoluciones del marco normativo internacional y la persistencia de algunos problemas en el manejo
de los plaguicidas. En la revisión también se incorporó el concepto de “ciclo de vida” del manejo de los plaguicidas,
es decir, la consideración de los impactos desde la producción hasta la disposición final del producto. Ha habido
avances en la región en el sentido de los parámetros del Código. La normatividad sobre plaguicidas está más
adelantada que la de otras sustancias químicas tóxicas. Sin embargo, como en otras regiones en desarrollo, por falta
de recursos y capacidad técnica, en muchos todavía no se aplica integralmente la legislación nacional relacionada
con los plaguicidas.
Algunos temas relacionados con el manejo de plaguicidas de especial relevancia para la región son:
i) el manejo de impactos transfronterizos derivados del escurrimiento de plaguicidas al mar;
ii) la necesidad de gestionar el peligro relacionado con los depósitos de plaguicidas obsoletos. Los
plaguicidas están a menudo mal almacenados, con lo que se expone a las personas a sus efectos
nocivos y, al pasar a los suelos y al agua, contaminan estos medios con residuos peligrosos;
iii) relacionado con lo anterior está el tema de la gestión de los envases de plaguicidas (obsoletos o no).
Los envases vacíos de plaguicidas contienen restos de estos productos y por lo tanto, si no se manejan
adecuadamente, representan riesgos para la salud humana y el medio ambiente. En muchos países las
prácticas usuales de tratamiento de esos desechos son peligrosas. Entre estas prácticas se incluyen la
reutilización, la destrucción o el enterramiento en el medio rural, la eliminación en vertederos
inadecuados y la quema sin la tecnología ni las precauciones necesarias;
iv) la existencia de plaguicidas en las aguas subterráneas, que afectan tanto el agua potable como las
irrigaciones (y, por lo tanto, los productos agrícolas), así como en las aguas superficiales, por medio
del flujo proveniente de aguas subterráneas contaminadas. Asimismo, la existencia de plaguicidas en
drenajes y su impacto en la agricultura, y
v) los residuos de plaguicidas en los alimentos, que son un peligro para los consumidores. El Códex
Alimentarius impone límites máximos residuales para tipos específicos de plaguicidas en los
alimentos, de acuerdo a las recomendaciones del Panel de Expertos de la FAO y del grupo específico
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los convenios internaciones relacionados a los plaguicidas están tratados en el capítulo II.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), El desarrollo sostenible en América Latina y el
Caribe: tendencias, avances y desafíos en materia de consumo y producción sostenibles, minería, transporte, productos
químicos y gestión de residuos (LC/R.2161). Santiago de Chile, 2009.
El crecimiento de la acuicultura en la región triplica el promedio mundial de los últimos años y
también ha generado desafíos ambientales. Uno de los primeros problemas identificados, desde los años
ochenta, fue la tala indiscriminada de manglares para la construcción de piscinas camaroneras. Las
políticas de los gobiernos locales se orientaron a promocionar la conversión de áreas de manglar, sin
atención a los impactos ambientales. Los manglares tienen una función muy importante desde el punto de
vista ecológico, ya que actúan como barrera protectora natural y zona de amortiguación contra eventos
extremos como tsunamis y son, por lo tanto, un elemento central en la protección de las personas, sus
activos y actividades económicas y sus viviendas (EIRD, 2011b). Su destrucción ha generado crisis
ecológicas que afectaron la misma industria camaronera que, en el Ecuador, ha tardado más de una