La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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103 País Cuadro II.2 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (14 PAÍSES): LEYES MARCO DE MEDIO AMBIENTE Y REFERENCIAS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), DEFINICIÓN DE DAÑO E INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Ley marco del medio ambiente Cuenta con legislación para evaluación del impacto ambiental (EIA) Cuenta con definición legal de daño ambiental Incorpora el principio de la participación en la ley Argentina Ley núm. 25.675 (2002) X X X Brasil Ley núm. 6.938 (1981) X X X Chile Ley núm. 19.300 (1994) X X X Colombia Ley núm. 99 (1993) X X X Costa Rica Ley Orgánica del Ambiente (1995) X X X Cuba Ley núm. 81 (1997) X X X Ecuador Ley de Gestión Ambiental (1999) X X X El Salvador Ley del Medio Ambiente (1988) X X X y su reglamento general Guatemala Ley 68-86 (1986) X … X Haití Decreto sobre la gestión ambiental X … … para el DS (2011) Nicaragua Ley núm. 217 (1996) X X X Panamá Ley núm. 41 (1998) X … X Perú Ley núm. 28611 (2005) X X X República Dominicana Ley 64-00 (2000) X X X Uruguay Ley núm. 17.283 (2000) X X X Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), “Derecho y políticas ambientales. Legislación por países”, 2009 [en línea] http://www.pnuma.org/deramb/legislacionporpaises.php?menusup=8 &menuinf=3. Desde 1992 también ha habido un fuerte aumento de las instituciones nacionales dedicadas al medio ambiente o al desarrollo sostenible. Todos los países de la región tienen actualmente un ministerio, secretaría o equivalente dedicado al medio ambiente, en algunos casos vinculado a temas relacionados, como agricultura, vivienda, energía, recursos naturales u otros (véase el cuadro II.3). Sin embargo, a menudo estos organismos se encuentran en una situación en la que se les otorga menos prioridad que a otras esferas de las políticas públicas, por ejemplo en lo que se refiere a la asignación de recursos financieros y humanos. De hecho, el gasto público destinado a medio ambiente, como porcentaje del PIB, no ha superado el 1% durante la primera década del siglo (Naciones Unidas, 2010) 1 . Lo observado en la esfera nacional se aplica también a las esferas estaduales o provinciales. Las autoridades locales tienen un papel crítico en la gestión ambiental, ya que el ámbito de acción frente a muchos problemas ambientales es la esfera local. Están reconocidas de manera explícita en el Programa 21 (véase el capítulo III). 1 A modo de referencia, en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) este gasto representa entre el 1% y el 2% del PIB (Naciones Unidas, 2010).
104 Cuadro II.3 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MÁXIMAS AUTORIDADES AMBIENTALES País Máxima autoridad Antigua y Barbuda Ministerio de Agricultura, Tierras, Vivienda y Ambiente Argentina Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Bahamas Ministerio de Medio Ambiente Barbados Ministerio de Medio Ambiente y Drenaje Belice Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente Bolivia (Estado Plurinacional de) Ministerio de Medio Ambiente y Agua Brasil Ministerio de Medio Ambiente Chile Ministerio de Medio Ambiente Colombia Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Costa Rica Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones Cuba Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente Dominica Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Planificación y Pesca Ecuador Ministerio del Ambiente El Salvador Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Granada Ministerio de Medio Ambiente, Comercio Exterior y Exportaciones Guatemala Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Guyana Agencia de Protección Ambiental Haití Ministerio de Medio Ambiente Honduras Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Jamaica Ministerio de Tierras y Medio Ambiente México Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Nicaragua Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Panamá Autoridad Nacional del Ambiente Paraguay Secretaría del Ambiente Perú Ministerio de Medio Ambiente República Dominicana Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Saint Kitts y Nevis Ministerio de Finanzas, Desarrollo Sostenible y Desarrollo de Recursos Humanos San Vicente y las Granadinas Ministerio de Salud y Medio Ambiente Santa Lucía Ministerio de Desarrollo Físico, Medio Ambiente y Vivienda Suriname Instituto Nacional para el Desarrollo y el Medio Ambiente Trinidad y Tabago Ministerio de Planificación, Vivienda y Medio Ambiente Uruguay Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Dirección Nacional del Medio Ambiente) Venezuela (República Bolivariana de) Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) [en línea] http://www.pnuma.org/deramb/legislacionporpaises.php?menusup=8& menuinf=3; y sitios web de los ministerios y secretarías del medio ambiente. Como se mencionó en el capítulo anterior, en muchos de los países de la región existen deficiencias en la coordinación y coherencia entre las políticas y las decisiones del aparato público en materia ambiental, pues mientras se despliegan esfuerzos significativos en beneficio del medio ambiente, se mantienen vigentes políticas (como los subsidios a los combustibles fósiles, por ejemplo) que permiten la continuidad de comportamientos ineficientes o que agravan los problemas que la legislación ambiental busca resolver. La dificultad para asegurar la coordinación y coherencia de las políticas se puede atribuir, al menos parcialmente, a fallas de información que conducen a una inadecuada asignación de recursos (véase el capítulo III en lo que referente a las estadísticas ambientales). La separación y jerarquización entre los objetivos de protección ambiental, por una parte, y otros objetivos de políticas públicas (crecimiento,
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