La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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de relave en la minería 13 . La contaminación por mercurio ha sido un efecto de la minería de oro y afecta a
lugares sensibles como la cuenca amazónica.
Los países de la región se han dotado de marcos legislativos medioambientales más restrictivos
en lo que respecta a la exploración de los recursos mineros. Las empresas, a su vez, han implementado
sistemas de gestión y certificación. En algunos casos, esto se ha combinado con estrategias de seguridad y
salud ocupacional, la introducción de nuevas tecnologías encaminadas a asegurar una producción más
limpia y el desarrollo de proyectos de entrenamiento y educación ambiental 14 . Sin embargo, aún hay
deficiencias legislativas y de aplicación. La legislación y los planes de cierre de minas no siempre prevén
la responsabilidad por los pasivos (CEPAL, 2009). Aún hay dificultades en lo que se refiere a las
capacidades públicas de revisión de los estudios de impacto ambiental, control de los planes de
monitoreo, cierre o abandono de minas y solución a los pasivos ambientales mineros, restauración de
sitios dañados, seguridad y accidentes y la relación de las empresas con las comunidades y los pueblos
originarios. La minería en pequeña escala (MPE) presenta un desafío específico, por operar a menudo en
la informalidad, con poco acceso a tecnología y financiamiento (CEPAL, 2009). Más allá del pilar
ambiental, en pocos países existe un marco para el desarrollo de una minería sostenible, que integre el
potencial de esta industria en los objetivos de desarrollo del país y de las comunidades afectadas mediante
instrumentos que aseguren la efectiva participación de las comunidades, junto con el Estado y las
empresas, en la toma de decisiones.
En relación con el componente intergeneracional del desarrollo sostenible, entre los principales
desafíos para los países que tienen fuertes industrias extractivas está la creación de encadenamientos
productivos y la implementación de mecanismos fiscales que permitan que la riqueza de la extracción
mineral —especialmente en situaciones en que se generan rentas extraordinarias— se canalice hacia la
sociedad y genere fuentes de recursos económicos para las generaciones futuras. Los países que captan
cuantiosos recursos de la renta petrolera tienen además el desafío de diseñar políticas relativas a la
administración y distribución eficiente de dichos excedentes con el objetivo de evitar impactos
inflacionarios y una apreciación insostenible del tipo de cambio, que podrían afectar los sectores
exportadores (Altomonte, 2008). La bonanza en las industrias extractivas permitiría asumir plenamente
sus costos ambientales y contribuir, por la vía fiscal o por otra, al desarrollo nacional de cada país.
Al respecto, los países de la región han establecido cobros o regalías a la actividad minera
metálica y no metálica con el fin de financiar iniciativas tendientes a expandir las capacidades de
innovación y tecnológicas —como el que opera en Chile desde 2006 (véase el capítulo V) — o a financiar
infraestructura, como es el caso del nuevo esquema tributario del Perú promulgado en septiembre de 2011
que permitirá ingresos adicionales para el fisco, que se destinarán a la creación de hospitales, escuelas y
carreteras, entre otros, en las zonas más pobres del país (Ministerio de Minas y Energía del Perú, 2011).
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Al respecto, el PNUMA lleva a cabo el programa de información y preparación para casos de emergencia a nivel
local (APELL).
Véase, por ejemplo, la experiencia de Petrobras en “Petrobras Meio Ambiente e Sociedade” [en línea]
http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/preservando-meio-ambiente/.