La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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Finalmente, los factores climáticos son cada vez más relevantes desde el punto de vista de la
seguridad alimentaria, la rentabilidad del negocio agrícola y el nivel de bienestar rural. En el capítulo II se
describen los efectos del cambio climático sobre la agricultura, el sector forestal, la pesca y la acuicultura.
Para asegurar la sostenibilidad de la actividad agrícola es necesario un manejo más eficiente y
responsable de insumos como fertilizantes, pesticidas y agua, con miras a promover la conservación del
suelo y sus nutrientes mediante la rotación de cultivos, el reposo de tierras y el uso de sistemas
agroforestales, así como alternativas como el manejo integrado de plagas y la introducción de
plantaciones de cultivos asociados, entre otras prácticas. De la misma forma, es importante promocionar
la producción agroecológica entre agricultores de pequeña escala, para aumentar el rendimiento agrícola
en los lugares del mundo donde el hambre y desnutrición son los principales problemas (DeSchutter,
2010). Estos mayores rendimientos elevan los ingresos familiares y son una medida efectiva a favor de la
seguridad alimentaria. Además, las prácticas agroecológicas, al incentivar la producción en parcelas con
una diversidad de cultivos asociados, promueven la conservación de los ecosistemas e incrementan de ese
modo la resiliencia de las poblaciones locales a los impactos del cambio climático.
c) Industria manufacturera
Se han logrado considerables avances en la región desde los años noventa en materia de
regulaciones sobre las emisiones industriales en el aire y el agua y sobre los residuos, lo que sigue con algún
retraso las tendencias en materia de regulación ambiental de los países industrializados. Si bien en forma
aún incipiente, se destacan algunos avances en la incorporación de herramientas de evaluación ambiental
(análisis costo-beneficio) y de instrumentos de política basados en incentivos económicos (véase el capítulo
II). A su vez, el proceso de apertura iniciado en los años noventa y el ingreso y expansión de transnacionales
han fomentado la adopción de prácticas de estándares mundiales en cuanto a gestión ambiental.
Un factor que ha contribuido considerablemente a la promoción de prácticas de producción más
limpias en diferentes sectores productivos, especialmente en los países de Centroamérica, ha sido la
inclusión de estas prácticas en los tratados de libre comercio. La certificación es otro de los mecanismos
que permiten diferenciar por medio del mercado empresas que aplican prácticas productivas más
sostenibles. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en
colaboración con el PNUMA, ha apoyado el establecimiento y operación de centros nacionales de
producción limpia en la región. De acuerdo con los datos del PNUMA, en 2009 existían 15 centros de
producción más limpia en la región (PNUMA/CEGESTI, 2009).
Entre los desafíos que enfrenta el sector, se encuentra una mejor integración de la política
industrial y la comercial con la ambiental a fin de promover patrones de producción sostenibles, en un
contexto de innovación, pero también de protección del empleo. La gestión ambiental en las pymes
manufactureras requiere esfuerzos adicionales, considerando las restricciones financieras y tecnológicas
de estas. En el capítulo II se examina la implementación de instrumentos económicos para la gestión
ambiental y en el capítulo III se abordan las iniciativas del sector privado con miras a la sostenibilidad,
muchas de las cuales tienen lugar en el sector industrial.
Además de la forma de producir se debe examinar lo que se produce y la estructura industrial. Por
ejemplo, la producción de automóviles y las petroquímicas contribuyen a que los patrones de consumo se
vuelvan rígidos y, hacen que, en una lógica de desarrollo, queden subordinadas otras decisiones, por
ejemplo, de gasto público. Por su parte, los gobiernos no obligan a estas industrias a asumir los costos
plenos de la infraestructura necesaria para su operación (carreteras, autopistas, entre otros), sino que los
asumen como propios.