La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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Lineamiento 4:
Aumentar la coordinación y coherencia de la acción pública para las políticas
de desarrollo sostenible
Como se ha podido constatar en las últimas dos décadas, para lograr el desarrollo sostenible no son
suficientes las acciones de las instituciones dedicadas al área ambiental. Es indispensable que las
decisiones de política estén alineadas y que dentro de la administración pública no se generen efectos
contradictorios. En ocasiones, los efectos de grandes tareas de protección ambiental terminan siendo
anulados por otros incentivos económicos paralelos. Un ejemplo son los subsidios a los combustibles
fósiles, que existen en varios países de la región como instrumento de control de la inflación o para
asegurar el acceso a la energía, ante los cuales la inversión y las políticas ambientales y de desarrollo de
soluciones bajas en carbono se anulan.
La incorporación efectiva de incentivos al desarrollo sostenible en la acción pública se da mediante
acciones prácticas, producto de un proceso largo y complejo que involucra diversos sectores y niveles de
gobierno y que requiere alinear las políticas públicas bajo una visión estratégica orientadora. La sostenibilidad,
como otras áreas clave del desarrollo de América Latina y el Caribe, no se realizará por inercia o por las
fuerzas del mercado. El mercado y los agentes del sector privado tienen un papel clave, imprescindible, pero
necesitan un marco estratégico, reflejado en instrumentos jurídicos y económicos claros, definidos por el
Estado de manera democrática y con la participación de la sociedad. Un desarrollo sostenible en América
Latina y el Caribe requiere, por lo tanto, mejorar la capacidad del Estado para desempeñar un papel orientador
en el entramado de agentes públicos y privados que comprende el desarrollo (véase CEPAL, 2010). Promover
un pacto social y fiscal para el desarrollo sostenible (véase el lineamiento 1) requiere y es el resultado de un
profundo ejercicio de coordinación y coherencia en la acción pública y de participación en todos los niveles.
Sumado al desafío anterior, está el hecho de que los problemas de gestión ambiental involucran a
territorios conectados físicamente por medio de cuencas hidrográficas y ecosistemas en espacios que rara
vez coinciden con las estructuras políticas o administrativas. En este sentido, adquiere relevancia adoptar
un enfoque territorial en las estrategias de desarrollo, que permita formular y ejecutar las políticas
teniendo en cuenta la alineación y la interrelación de los distintos componentes del territorio, por ejemplo,
de las ciudades con el medio rural. El enfoque territorial permite coordinar la acción pública entre los
distintos poderes, áreas sectoriales y niveles administrativos (véase el recuadro VI.1).
Bajo este lineamiento, se sugieren las siguientes acciones:
a) Crear instancias de coordinación de la acción pública entre los distintos poderes, áreas
sectoriales y niveles gubernamentales, que permitan identificar y discutir reformas a favor
del desarrollo sostenible y sus implicaciones en la práctica
Para lo anterior, se pueden establecer instancias para tratar temas específicos, como la Comisión
Ejecutiva del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal
(PPCDAM) en el Brasil (véase el capítulo II) o comisiones interministeriales de carácter permanente,
como las que existen en México y Chile para coordinar las acciones de distintas entidades de la
administración pública en relación con el cambio climático y el desarrollo sostenible, respectivamente
(véase el recuadro VI.2). Estas instancias deberían tener entre sus atribuciones la de revisar
inconsistencias en las políticas y en el establecimiento de incentivos y desincentivos, y deben estar
ubicadas en el nivel institucional más alto posible.
Respecto de la coordinación entre unidades políticas distintas, algunos instrumentos ya usados en
la región son los consorcios de municipios, los comités de integración territorial, las mesas de
planificación regional (véanse los capítulos I y III) y los comités de cuencas hidrográficas, entre otros.