La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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Cuadro I.3 (conclusión)
Proporción de la población urbana
que vive en tugurios
Número de personas que vive en tugurios
1990 1995 2000 2005 2007 1990 1995 2000 2005 2007
Haití 93,4 93,4 93,4 70,1 70,1 1 893 2 385 2 851 2 786 3 065
Honduras 34,9 1 109
Jamaica 60,5 855
México 23,1 21,5 19,9 14,4 14,4 13 859 14 484 14 830 11 457 11 801
Nicaragua 89,1 74,5 60,0 45,5 45,5 1 931 1 861 1 678 1 390 1 439
Panamá 23,0 526
Paraguay 17,6 608
Perú 66,4 56,3 46,2 36,1 36,1 9 958 9 439 8 382 7 001 7 180
República
Dominicana 27,9 24,4 21,0 17,6 16,2 1 123 1 131 1 146 1 110 1 079
Santa Lucía 11,9 5
Suriname 3,9 13
Trinidad y Tabago 24,7 40
Venezuela
(República
Bolivariana de) 32,0 7 896
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), State of the World’s Cities
2010/2011. Cities for All: Bridging the Urban Divide, Earthscan, 2010.
a
Estas cifras se basan en estimaciones, pues no todos los países manejan datos sobre los asentamientos informales, y la
interpretación de los indicadores puede variar de un país al otro.
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de tugurios requiere abordar en forma integral las
necesidades de vivienda, empleo e ingresos, servicios básicos e infraestructura, espacios públicos y
tenencia segura. En las últimas dos décadas, se ha mantenido en la región un0 enfoque habitacional
caracterizado por políticas y programas centrados en la dotación de vivienda al margen de los factores
cualitativos más amplios del desarrollo urbano. Además, ha predominado un sistema de financiamiento
habitacional basado en el otorgamiento de subsidios, el endeudamiento y el ahorro que solo favorecen a
un grupo poblacional y profundizan indirectamente focos de pobreza y precariedad. Estas condiciones han
ahondado los crecientes patrones de segregación urbana residencial en las grandes urbes y han excluido a
sectores sociales que no poseen capacidad de pago de ciertos servicios e infraestructuras (Jordán y
Martínez, 2009).
En relación con la tenencia, persisten en la región estructuras que limitan las posibilidades de acceso
de la población pobre al mercado formal o legal de la tierra, como exigencias en cuanto a tamaño de los
lotes, y los precios de los terrenos. La dificultad que enfrenta la población pobre para comprar un terreno
donde instalar su vivienda, si no existen mecanismos de financiamiento a estos efectos, ha derivado desde
hace décadas en asentamientos informales en las ciudades (Naciones Unidas, 2010a). Entre otros desafíos en
cuanto al tema habitacional están la escasez de suelo urbano, lo que genera una elevación desmedida de su
precio en detrimento de los más pobres y una insuficiente capacidad de las autoridades locales en lo que se
refiere a ofrecer servicios adecuados que contribuyan a la reducción multidimensional de la pobreza. La
falta de datos, información y capacidad de investigación han llevado a la elaboración de planes de desarrollo
que no reflejan las realidades de las ciudades. A los desafíos tradicionales se suma el de asegurar la
construcción amigable con el medio ambiente (véase el recuadro I.2).