La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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Al comparar la situación de la región con la del conjunto de los países en desarrollo, se observa
que, en el caso de la agricultura, la situación arancelaria media es muy similar (véase el gráfico V.8). Por
el contrario, en el caso de los productos textiles y las prendas de vestir, la región goza de un margen
preferencial mucho mayor que el del conjunto de los países en desarrollo. En ello se refleja el hecho de
que este último grupo incluye a importantes exportadores en dichos sectores, principalmente asiáticos
(por ejemplo, China, la India, el Pakistán e Indonesia). Las exportaciones de dichos países representan
una competencia directa para algunos segmentos —generalmente los de menor valor agregado— de las
industrias textil y de confección de los países industrializados, motivo por el cual hacen frente a aranceles
más altos que América Latina y el Caribe en esos mercados.
La región todavía depende de un grupo reducido de productos como fuente estable de ingresos
por exportaciones, y por ello se enfrenta al desafío de desarrollar una estrategia a largo plazo para
diversificar su canasta de productos exportables, así como los mercados de destino, a fin de disminuir la
dependencia y la vulnerabilidad respecto de la estabilidad de los ingresos comerciales
(CEPAL/FAO/IICA, 2010).
2. Subsidios agrícolas
La mayor parte de los subsidios a la agricultura en los países industrializados corresponde a programas de
sostenimiento de precios y a pagos vinculados a los niveles de producción o de utilización de
determinados insumos. Todos estos tipos de subsidios generan incentivos a la sobreproducción de
diversos cultivos, lo que disminuye sus precios internacionales y limita las posibilidades de competir de
los agricultores de los países en desarrollo. Es por ello que la Organización Mundial del Comercio (OMC)
los considera distorsionadores del comercio y actualmente se negocia su reducción en el marco de la
Ronda de Doha (véase la sección 4). Las ayudas totales que conceden los países desarrollados al sector
agrícola (incluidas la protección mediante aranceles, las cuotas y otras barreras) descendieron del 1,2%
del PIB en 2000 al 0,9% en 2009. Sin embargo, dichas ayudas se mantienen en niveles elevados, que
desde 2004 han superado los 350.000 millones de dólares anuales y en 2009 triplicaron el monto total de
asistencia para el desarrollo otorgada por esos mismos países.
Al margen de su impacto sobre el comercio agropecuario, los subsidios vinculados a precios,
niveles de producción y uso de insumos han sido clasificados por la OCDE como los de mayor impacto
negativo sobre el medio ambiente entre los distintos tipos de subsidios agrícolas (OCDE, 2002). Esos
impactos pueden darse por varias vías, entre ellas: los incentivos a un mayor uso de fertilizantes y pesticidas,
con el consiguiente daño para los suelos y aguas; la incorporación, a la superficie sembrada, de tierras que
podrían destinarse a fines de conservación, y la reducción de la biodiversidad derivada de los incentivos a la
siembra de ciertos cultivos (beneficiados por subsidios) por encima de otros que no lo están.
La reducción de los subsidios agrícolas distorsionadores en los países industrializados permitiría
generar condiciones de competencia más equitativas para los productores de los países en desarrollo y
reducir los incentivos a la sobreproducción en los propios países industrializados, con los consiguientes
beneficios ambientales para estos. Más difícil de predecir es el efecto ambiental de esas reducciones en
los países en desarrollo. El impacto neto sobre el medio ambiente será distinto en cada país, y dependerá
de los impactos individuales de la expansión de ciertos cultivos y de la contracción de otros en respuesta a
las nuevas señales de precios, fruto de la reducción de los subsidios en los países industrializados. En este
contexto, adquiere una enorme importancia la aplicación, por parte de los países en desarrollo, de agendas
nacionales de sostenibilidad agrícola, independientemente de los resultados de las actuales negociaciones
en la OMC (La Vina y otros, 2006).