La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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A fin de sanear el déficit en el acceso a la energía, algunos países han implementado sistemas de
subsidio cruzado. Un ejemplo es el de Colombia que, en virtud de la ley núm. 142 de servicios públicos
de 1994, estableció un criterio de tarifas diferenciadas (block tariff) por tipo de vivienda (estratos 1 a 6) y
criterios de subsidios cruzados como forma de mitigar la desigualdad. Esto se logra por medio de la
política energética y el acceso a los servicios públicos no energéticos, de tal modo que los estratos 1 y
2 de menores ingresos son subsidiados por los estratos 5 y 6, por otros sectores de consumo y por el
presupuesto público.
c) Vivienda
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho a la vivienda implica el derecho a vivir
en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Como tal, este derecho se debe garantizar a todos,
independientemente de sus ingresos, y también debe tenerse en cuenta la calidad de “adecuación” de la
vivienda. En este sentido, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “el concepto
de ‘vivienda adecuada’ significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una
situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”
(CESCR, 1991).
La combinación de altos niveles de urbanización y de pobreza y una fuerte segregación
socioespacial explican la existencia de un elevado número de personas que viven en tugurios en la región
y, por lo tanto, alejadas del derecho a una vivienda adecuada. En los últimos 20 años ha bajado
significativamente la proporción de personas en esta situación, pasando del 34% en 1990 al 24% en 2010.
Sin embargo, es necesario enfatizar que, en el mismo período, el número absoluto de personas que viven
en tugurios ha aumentado de 105 millones a 110 millones (véase el gráfico I.11) (ONU-Hábitat, 2010).
Fruto del peso demográfico de los países, cerca del 60% de los habitantes de tugurios de la región de
América Latina y el Caribe se encuentran actualmente en el Brasil, México y la Argentina.
Al examinar las estimaciones sobre los últimos 20 años, se destacan los logros de Colombia,
Nicaragua y el Perú, países donde la reducción de la proporción de la población urbana que vive en
tugurios se ha acompañado de una reducción del 25% del número absoluto de personas que viven en estas
condiciones. México logró reducir el volumen de su población en situación de tugurio en un 15%. La
Argentina y la República Dominicana lograron estabilizar este indicador a pesar del importante
crecimiento poblacional registrado en ese período. En el Brasil, el efecto combinado de inversiones en
infraestructura y políticas de viviendas sociales ha permitido reducir la proporción de personas que viven
en tugurios de un 37% a un 28% en el período 1990-2007. Sin embargo, el esfuerzo no ha permitido
reducir la población afectada en números absolutos (véase el cuadro I.3). Los datos disponibles de Haití
muestran el mayor contraste entre los logros en término de porcentaje de población urbana que vive en
tugurios y las cifras absolutas. Desde los años noventa, el volumen de población en situación de
precariedad urbana en ese país se ha más que duplicado.