La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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Al respecto:
a) Los países desarrollados deben cumplir con la resolución 2626 (XXV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la que se propuso dedicar el 0,7% del ingreso nacional
bruto, a precios de mercado de los países desarrollados, a la asistencia oficial para el
desarrollo (AOD), lo que fue reafirmado por los países desarrollados en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y en cumbres
posteriores
Hoy la brecha ronda el 50% de este compromiso (véase el capítulo V), por lo que se debería
sistematizar el seguimiento de esos flujos de manera transparente a nivel internacional. Es importante
recordar que el pleno cumplimiento representaría un monto de 9.000 millones de dólares adicionales para
América Latina y el Caribe, de mantenerse su participación en el total mundial. Esto hace deseable un
acuerdo regional para priorizar la aplicación de estos recursos. Además, se requiere diferenciar la
asistencia destinada a generar bienes y servicios globales de la AOD tradicional.
b) En materia de acceso a los mercados, para América Latina y el Caribe es necesario concluir
la Ronda de Doha
Es preciso asegurar la eliminación del tratamiento arancelario desfavorable a los productos de
mayor valor agregado, y de los subsidios agrícolas que introducen distorsiones en los países
industrializados. Esto permitiría generar condiciones de competencia más equitativas para los países en
desarrollo. Asimismo, estos deberían elaborar agendas nacionales de sostenibilidad agrícola, con el fin de
minimizar los daños ambientales que pueden resultar de la expansión de su producción y como
consecuencia de la reducción de las distorsiones en los países industrializados. Del mismo modo, se
requiere una participación organizada de los países de la región en la adopción de reglas relativas a la
huella de carbono en el comercio, respetando el principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas y el principio según el cual las medidas de política comercial con fines ambientales no
deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del
comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas
ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador 10 . En forma paralela, se debe
procurar aumentar en la región la oferta de transporte internacional más bajo en carbono, para minimizar
los riesgos de que sus exportaciones sean discriminadas, especialmente en los países industrializados. La
Iniciativa de Ayuda para el Comercio podría contribuir en este sentido (véase el capítulo V).
c) Es necesario asegurar la coherencia en la alianza global para el desarrollo (octavo Objetivo
de Desarrollo del Milenio) y entre las negociaciones y los compromisos asumidos en
distintos foros internacionales (comerciales, climáticos, ambientales y financieros, entre
otros)
Los organismos financieros multilaterales deben avanzar en la misma dirección, de modo que en
sus operaciones incluyan criterios ambientales y de salud, expresados como reglas y como costos, y que
las inversiones con mayores o menores impactos reciban el reconocimiento económico correspondiente y
su viabilidad económica gradualmente sea coherente con sus desempeños ambientales. Esto requiere de
consistencia entre los mandatos que reciben los organismos financieros a través de los representantes de
los países y también, y de manera significativa, de coherencia entre el sistema de las Naciones Unidas, el
de Bretton Woods, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los bancos regionales.
10
Principio 12 de la Declaración de Río.