La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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Recuadro VI. 3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PLANTEAMIENTOS DE LOS PAÍSES SOBRE EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA
AMBIENTAL INCLUIDOS EN SUS APORTES AL DOCUMENTO DE NEGOCIACIÓN PARA RÍO+20
En el marco del proceso preparatorio para Río+20, la secretaría de la Conferencia hizo una invitación abierta a
enviar aportes al documento de negociación. A continuación se presentan los planteamientos de los países de la
región en materia de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales.
Argentina: La inclusión de temas propuestos por la sociedad civil en la agenda política en los últimos años
revela la importancia de los mecanismos de participación ciudadana en democracia. La institucionalización de
mecanismos de participación ciudadana son canales que conducen de manera transparente, horizontal y abierta, las
sinergias de los actores implicados. Por medio de este proceso, se mejora la intervención de la ciudadanía en
aspectos relativos a la toma de decisiones y a la realización de acciones concretas que tienen que ver con sus propios
intereses. La dinámica social expresada por los actores comunitarios es un elemento central, que, acompañado de los
medios de información, permite explicar los procesos de construcción de las soluciones colectivas demandadas. El
debate adquiere relevancia para la mejora de las políticas públicas coordinadas en lo niveles municipal, provincial y
nacional. Específicamente, las problemáticas ambientales son las materias con mayor participación ciudadana. Si esa
participación resulta de la relación entre la sociedad civil y el Estado, requiere un espacio en el cual el ciudadano se
sienta familiarizado. Un espacio para todos, que afiance el sentido de pertenencia que debe sentir el individuo para
manifestarse y ejercer sus derechos.
Brasil: Propone el lanzamiento de negociaciones respecto de una convención mundial sobre el acceso a la
información, la participación en la toma de decisiones y la justicia en temas ambientales. Propone apoyo para poner
en marcha un proceso de negociación hacia Río+20 sobre una convención mundial que asegure la implementación
del Principio 10 de la Declaración de Río. Este Principio ya ha sido objeto de instrumentos regionales diseñados
para aumentar las oportunidades de acceso a la información ambiental y asegurar la transparencia y fiabilidad de los
procedimientos. Tales mecanismos contribuyen a mejorar la gobernabilidad ambiental al introducir el elemento de
confianza mutua en las relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos, incluidos los órganos encargados de tomar
decisiones de los gobiernos subnacionales. En el proceso de desarrollo de un instrumento de este tipo, se debe contar
con la participación de todos los sectores de la sociedad civil y de todas las esferas de gobierno.
Chile: Considera fundamental la implementación cabal de los derechos de acceso, participación y justicia
ambiental consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río. Por lo mismo, promueve la celebración de
convenios regionales para la adopción del Principio 10. En el mismo sentido, Chile aboga por una facilitación de la
participación de las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones, y por una mejora de los
instrumentos de fiscalización y justicia ambiental en el respeto de la soberanía de cada país y la solución al daño
ambiental de nivel internacional como ocurre en los territorios no sometidos a jurisdicciones nacionales.
Costa Rica: En materia de participación y seguimiento, deben facilitarse a través de la cooperación
internacional los esfuerzos por establecer y consolidar mecanismos permanentes de diálogo y concertación popular,
garantizando la participación de los grupos principales, como actores estratégicos que son, para lograr el
compromiso de crecer y desarrollarnos de manera sostenible, respetando y valorizando los servicios ecosistémicos
como parte de la economía nacional. Entre otras cosas, estos mecanismos deberían constituirse en una herramienta
para promover la implementación y evaluar en el largo plazo los resultados que se obtengan en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20).
Jamaica: En términos de acceso a la información, Jamaica ya cuenta con legislación en materia de acceso
a la información, estudios de impacto ambiental y un proyecto de ley sobre registro de emisiones y transferencias de
contaminantes y derechos de apelación de terceras personas, entre otros. A pesar de las preocupaciones acerca del
cada vez mayor número de tratados, Jamaica considera que un acuerdo regional sobre el Principio 10 de la
Declaración de Río, basado en la Convención de Aarhus podría incrementar la participación pública en el proceso de
toma de decisiones.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de los aportes de los países al primer borrador
del documento de negociación para Río+20 [en línea] http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu?115.