La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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125 Mapa II.3 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÁREAS PROTEGIDAS, 2009 División política Áreas protegidas Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación, Data Structure of the World Database on Protected Areas (WDPA) Annual Release 2009. Nota: La delimitación y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Una gran superficie protegida no implica que todos los ecosistemas estén debidamente representados en las áreas protegidas (Armenteras, Gast y Villareal, 2003; Urquiza, 2009). Para que las áreas protegidas sean un mecanismo eficaz para la conservación de la biodiversidad, deben ser representativas de los biomas y ecosistemas, debe haber conectividad entre las áreas protegidas y se deben proveer los recursos humanos, financieros y tecnológicos que permitan hacer cumplir las limitaciones de actividades.
126 Existen en la región esfuerzos de protección sobre la base de corredores, como el Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró, el Corredor Biológico Mesoamericano y el Corredor Biológico del Caribe, creado en 2010. El primero, creado en 1993, incluye áreas naturales del Perú y Bolivia (Estado Plurinacional de), ubicadas dentro de una de las zonas más importantes para la conservación de la diversidad biológica en el planeta, los Andes tropicales, y abarca 30 millones de hectáreas. Entre sus logros se encuentran el favorecer la creación de nuevas áreas protegidas de carácter nacional, regional y municipal, así como de áreas de conservación privadas, y el fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas existentes 5 . El Corredor Biológico Mesoamericano, en tanto, fue establecido en 1997 por los gobiernos de los países que conforman la región mesoamericana (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México) con los objetivos de mantener la diversidad biológica, disminuir la fragmentación y mejorar la conectividad del paisaje y los ecosistemas, y promover procesos productivos sostenibles que mejoren la calidad de vida de las poblaciones humanas locales 6 . Los recursos financieros disponibles para sistemas de áreas protegidas ascienden en la región a 404 millones de dólares, distribuidos en 19 países, la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, República Dominicana, Bolivia (Estado Plurinacional de), Venezuela (República Bolivariana de) y el Uruguay. Esto significa que aproximadamente un 1% de los presupuestos nacionales destinados a temas medioambientales es asignado a las áreas protegidas. A su vez, en la región esta cifra en promedio corresponde a un 0,006% del PIB, un porcentaje significativamente menor al que se destina a otros sectores (Bovarnick, Fernández y Negret, 2010). Existen áreas de protección con planes de manejo que, por falta de recursos, no están efectivamente protegidas y quedan a merced de las fuerzas económicas. Mostrar la rentabilidad de las áreas de conservación —al poner en evidencia la importancia económica de los servicios ecosistémicos y la capacidad de generación de ingresos basados en la biodiversidad de esas áreas— contribuiría a canalizar recursos adecuados. Un estudio en el Brasil muestra que las unidades de conservación generan más recursos de los que se requieren para su funcionamiento y que en esas unidades se desarrollan múltiples actividades económicas sostenibles que tienen un gran potencial económico y de generación de empleo (Medeiros y otros, 2011). Los valiosos activos relacionados con la biodiversidad en América Latina y el Caribe podrían ser fuente de ingresos y empleo en muchos países de la región. El estudio La economía de los ecosistemas y la biodiversidad presenta un enfoque práctico para la valorización de la biodiversidad, que permite poner en evidencia los beneficios económicos de su protección (TEEB, 2010). Han sido cada vez más ampliamente reconocidas las oportunidades asociadas al pago por servicios ambientales y se han implementado novedosos esquemas de pago que atienden, además de la protección de la biodiversidad, a otros objetivos sociales, tales como ofrecer oportunidades económicas a las comunidades locales. Entre muchas otras iniciativas, en Costa Rica se implementó un programa de pago por servicios ambientales ya en 1996; en México se ha puesto en marcha un mecanismo a gran escala de pago por servicios hidrológicos que asigna el valor apropiado a la protección de los recursos hídricos (Pagiola, Landell-Mills y Bishop, 2006), y en Colombia, Costa Rica y Nicaragua, donde se promueven prácticas de agrosilvicultura, se ha informado de aumentos de entre un 10% y un 15% de los niveles de ingresos de los agricultores. Hay, además, un significativo potencial de creación de empleos asociados a los pagos por servicios ambientales (PNUMA/OIT, 2008). 5 6 Más información [en línea] http://revistavirtual.redesma.org/vol2/pdf/programas/vilcabamba_amboro.pdf. Más información [en línea] http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/corredorbiomeso.html.
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