La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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Recuadro VI.2
EXPERIENCIAS DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) de México: coordina las acciones de diferentes
entidades de la administración pública federal en el ámbito de la formulación e instrumentación de las políticas
nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y del cambio climático. La
CICC se encarga de promover el desarrollo de programas y estrategias asociadas al cumplimiento de los
compromisos suscritos por el país en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC). Así, por ejemplo, es el órgano competente para autorizar los proyectos que postulan al mecanismo de
desarrollo limpio (MDL), instrumento derivado del Protocolo de Kyoto. La CICC está integrada por 10 secretarías,
mantiene 6 grupos de trabajo específicos y un consejo consultivo en que participan representantes de la sociedad
civil, la academia y expertos en la materia. La CICC ha elaborado y coordinado políticas relacionadas con el cambio
climático desde 2005, incluida la formulación del documento de la Estrategia nacional de cambio climático
(ENACC) y del Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, entre otros muchos logros.
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de Chile: establecido en el marco de la ley 20.417 que
crea el Ministerio del Medio Ambiente (del 26 de enero de 2010), es presidido por el Ministro del Medio Ambiente
e integrado por los ministros de agricultura, hacienda, salud, economía, fomento y reconstrucción, energía, obras
públicas, vivienda y urbanismo, transporte y telecomunicaciones, minería y planificación. Su objetivo es proponer al
Presidente de la República las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentables de los recursos
naturales. Si bien es temprano para evaluar su funcionamiento, su creación apunta a generar una mayor coordinación
y coherencia entre las distintas políticas del Estado y a orientarlas hacia un desarrollo sostenible.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de documentos oficiales.
Asimismo, la planificación del desarrollo debe integrar la gestión del riesgo (incluida la necesaria
adaptación al cambio climático) de modo de formular acciones tendientes a proteger la vida, la seguridad
humana y la resiliencia regional.
c) Incorporar el ordenamiento territorial como ejercicio de planificación en regiones y
ciudades
El ordenamiento y la gestión estratégica del territorio, rural y urbano son herramientas
importantes para integrar los tres pilares del desarrollo sostenible (ambiental, social y económico) en las
acciones que se desarrollan sobre él, acorde con sus objetivos y limitaciones, previniendo o mitigando los
riesgos que entraña para la seguridad humana. Lo anterior debe ejercerse en los tres niveles de gestión de
gobierno: nacional, regional y local, con la participación del sector privado y la sociedad civil.
d) Evaluar estratégicamente las políticas sectoriales (energéticas, agrícolas, de infraestructura,
de integración, de desarrollo urbano y fiscales, entre otras) a fin de evitar la incoherencia y
dar visibilidad a posibles efectos no deseados
Existen metodologías para ello, por ejemplo, la evaluación ambiental estratégica, que asegura la
consideración de la dimensión ambiental en la toma de decisiones estratégicas (políticas, estrategias,
planes o programas). Los países de la región han comenzado recientemente a incorporar la evaluación
ambiental estratégica en sus marcos legales. En Chile, por ejemplo, la ley 20.417, promulgada en enero de
2010, establece la obligatoriedad de la evaluación ambiental estratégica de los planes regionales de
ordenamiento territorial y los planes reguladores comunales, entre otros, así como de políticas y planes de
carácter normativo general que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sostenibilidad. La evaluación
ambiental estratégica debería aplicarse, entre otros casos, a los planes de infraestructura y fiscales.