La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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Recuadro II.5
CONVENIOS SOBRE BIODIVERSIDAD Y ESPECIES PROTEGIDAS
En 1971, con la adopción de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente
como hábitat de aves acuáticas (Convención de Ramsar), se establecieron reglas para atender la preocupación
internacional por los humedales, hábitat de las aves acuáticas migratorias. Solo dos años después, se adoptó la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en
respuesta a la inquietud por el comercio internacional ilegal y depredador de diversidad biológica que ponía en
peligro la supervivencia de algunos animales y plantas. En 1979 se adoptó la Convención sobre la Conservación de
las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). En 1992, en el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB), se consideró por primera vez la biodiversidad de forma integral, incluyendo todas las formas de vida —los
genes, los ecosistemas, las especies— que producen la infraestructura ecológica del mundo y proporcionan servicios
vitales, con un enfoque dirigido a regular el acceso a la biodiversidad. Estos cuatro convenios, además del Tratado
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y el Convenio sobre la
protección del patrimonio mundial, cultural y natural, conforman el conjunto de acuerdos multilaterales relacionados
con la economía y la protección de la biodiversidad.
La gran meta del CDB es lograr la conservación de la diversidad biológica mediante el uso sostenible de
sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos
genéticos. Asimismo, esta convención se ocupa de las personas y de su rol en lo referente a depender de la
biodiversidad y defenderla. En relación con las mujeres, en particular, el preámbulo de la CDB contiene un texto que
destaca “la función esencial que tienen las mujeres en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica,
y confirma la necesidad de una participación plena de las mujeres en todos los niveles de la creación de políticas”
(CDB, 1992). Además, una de las entidades subsidiarias reconoció los conocimientos, las prácticas y los roles de
género de las mujeres en la producción de alimentos (CDB, 1996). En el marco de los compromisos asumidos en el
CDB, en todos los países de la región se han realizado inventarios y estrategias nacionales y en 26 países se ha
entregado el cuarto informe nacional.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica se complementa con el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología, que es un tratado internacional que administra los movimientos comerciales desde un país hacia
otro de organismos vivos modificados (OVM) que resultan de la aplicación de la tecnología moderna. El Protocolo
fue aprobado el 29 de enero de 2000 y entró en vigencia el 11 de septiembre de 2003. En la región, 28 países han
firmado el Protocolo. Entendiendo que la biotecnología puede contribuir al bienestar humano, se adopta en el
Protocolo un enfoque de precaución (invocando el Principio 15 de la Declaración de Río) para asegurar la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica frente a los posibles riesgos que presentan los
organismos vivos modificados. En el Protocolo se garantiza la transferencia de información a las Partes
compradoras para que puedan tomar decisiones antes de aprobar la importación de estos organismos a su país.
Además, se establece un Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología para asegurar
que se brinde asistencia a los países en la aplicación del Protocolo.
El reciente Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica fue adoptado en octubre de
2010 en Nagoya (Japón). El Protocolo pretende avanzar en el tercer objetivo del Convenio sobre la Diversidad
Biológica. Su propio objetivo es la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los
recursos genéticos, mediante el acceso adecuado a esos recursos, la transferencia apropiada de las tecnologías
pertinentes, tomando en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y tecnologías, y el financiamiento apropiado,
contribuyendo así a la conservación de la diversidad biológica y a la utilización sostenible de sus componentes.
Los países que ratifican el Protocolo de Nagoya asumen obligaciones en tres áreas principales: el acceso a
los recursos genéticos, el cumplimiento de las políticas y leyes nacionales sobre el acceso y la participación justa y
equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Estas tres obligaciones económicas
principales también se aplican al conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos en situaciones en que
las comunidades locales han otorgado el acceso. En este contexto, se deben tomar en los países medidas para
asegurar el consentimiento previo e informado de estas comunidades.