La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

168
Recuadro III.2
PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ECUADOR
La iniciativa de la presupuestación con perspectiva de género dirigida por el Ministerio de Finanzas del Ecuador ha
sido galardonada con el premio a la innovación en el tratamiento de las desigualdades de género por la Agencia
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Un análisis del gasto público llevado a cabo bajo este programa puso
de manifiesto que solo el 5% de los recursos del gobierno benefician directamente a las mujeres, los niños y los
adolescentes, y que la mayor parte de estos recursos cubren aspectos de salud y maternidad. Como resultado,
14 instituciones públicas han introducido indicadores de género en sus sistemas de monitoreo del desempeño, con
miras a determinar en qué medida los recursos públicos están respondiendo a las preocupaciones en torno a la
igualdad de género y tomar las acciones correctivas necesarias. Si bien los presupuestos que tienen en cuenta las
cuestiones de género se aplican sobre todo a los servicios sociales, el Ministerio del Ambiente del Ecuador ya ha
comenzado a integrar la perspectiva de género en su planificación. En el presupuesto de 2011 se incluyeron
asignaciones específicas para promover y apoyar actividades de desarrollo sostenible, en el marco de la política de
institucionalización de género e interculturalidad en la gestión ambiental.
Fuente: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-
Mujeres), How can aid be gender-responsive in the context of the new aid modalities?, Gender Responsive Budgeting,
2010; y Ministerio de Finanzas del Ecuador, La equidad de género en la pro forma del Presupuesto General del Estado
2011, diciembre de 2010.
Se han desarrollado experiencias pioneras en materia de presupuestación que tienen en cuenta las
cuestiones de género, en forma participativa, en casi la mitad de los países de la región, incluidos la
Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
Esta tendencia ha estado respaldada por procesos de descentralización que han promovido la autonomía
de los gobiernos locales y la participación de las mujeres en la toma de decisiones, lo que ha servido
también para ofrecer a las mujeres oportunidades de organizarse y participar en la creación de
presupuestos de proyectos que atiendan a sus propias necesidades y las de sus comunidades.
2. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible
La importancia de los niños y jóvenes, destacada en el Principio 21 de la Declaración de Río y en el
capítulo 25 del Programa 21, llama a considerar la educación para asegurar la participación efectiva de la
sociedad civil. En el capítulo 36 se indica que prácticamente todas las áreas del Programa están
vinculadas a la educación. Sin ninguna duda, se reconoce que el papel de la educación es clave. En
materia demográfica, cabe subrayar que la región redujo significativamente su tasa de crecimiento en los
últimos 50 años, del 2,8% anual a mediados del siglo XX, al 1,3% en 2010 (UNESCO, 2011). Lo anterior
brinda excelentes oportunidades a los Estados para invertir en mejorar la calidad de la educación y
disminuir las brechas de calidad entre la educación pública, que cubre básicamente a los sectores pobres,
y la privada, que no está al alcance de los grupos en situación de desventaja.
La evidencia estadística muestra que las brechas educativas que prevalecen en la actualidad y que
han caracterizado históricamente a la región pueden explicarse —en mayor o menor medida— a partir de
rasgos demográficos, sociales, étnicos, culturales y también ambientales, asociados a la calidad de la
vivienda, el hacinamiento y al acceso al agua y el saneamiento, entre otros (Kaztman, 2011) (véase el
recuadro III.3). Especialmente, el estatus socioeconómico, la residencia rural o urbana y los ingresos del
hogar representan elementos discriminatorios en lo que atañe al ejercicio del derecho a la educación. Si bien
se han realizado importantes avances en igualdad de género, las brechas de equidad siguen siendo
considerables entre el área rural y la urbana, y en lo relativo a la pertenencia étnica y a los ingresos del lugar.