La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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empleo o reducción de la pobreza, por ejemplo), por otra parte, es el resultado de fallas en la consideración
de la importancia que reviste el medio ambiente para sostener la actividad económica y la prosperidad a
largo plazo y redunda en múltiples costos ambientales y de salud en el corto plazo (Naciones Unidas, 2010).
En los últimos años se han desarrollado algunas experiencias exitosas de coordinación de
políticas a través de comités u otras formas de agrupación de instituciones, que reúnen a varias entidades
de gobierno para abordar temas específicos. La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en México
(véase el capítulo VI) y la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible de Barbados son algunos
ejemplos de ello.
Respecto de la coordinación de acciones entre unidades políticas distintas, también hay
importantes experiencias en la región. En el Brasil, la Constitución plantea que los estados podrán
agruparse y constituir regiones metropolitanas, aglomeraciones urbanas y microrregiones para ejecutar
funciones públicas de interés común. Asimismo, la ley que define la política nacional de recursos
hídricos establece que es la cuenca hidrográfica la unidad territorial para implementar esta política (y
no el municipio), dando lugar a la creación de comités de cuencas hidrográficas. En tanto, una ley de
2005 abre la posibilidad de formar consorcios intermunicipales para la gestión de asuntos
determinados. Ejemplo de ello es el Consorcio intermunicipal para el desarrollo sostenible de
Transamazónica y Xingu (IPAM, 2011). Otra experiencia destacable es la de las asociaciones de
municipios en Colombia (véase el capítulo III).
2. Experiencias en el uso de instrumentos económicos en la gestión ambiental
Varios países de la región introdujeron a partir de los años noventa instrumentos económicos para
complementar las estrategias de regulación directa que caracterizan el marco legal ambiental. Los tipos de
instrumentos aplicados incluyen impuestos, tarifas por el uso de recursos naturales y sobre emisiones,
subsidios, créditos fiscales, incentivos fiscales y financiamiento especial para actividades con impactos
ambientales positivos, licencias transables y certificación.
Sin embargo, a partir del análisis de estas experiencias puede constatarse que las autoridades
ambientales han enfrentado diversas barreras para su aplicación, incluyendo entornos institucionales
desfavorables y problemas de coordinación de políticas dentro del aparato público (Acquatella, 2001;
Acquatella y Bárcena, 2005). Un alto porcentaje de los instrumentos económicos desarrollados no llegó a
implementarse o se implementó pero solo por poco tiempo (Acquatella, 2009).
Entre las posibles variables asociadas a estos resultados están: i) la escasa cooperación de las
autoridades fiscales, y ii) los altos costos de transacción implícitos en coordinar la implementación de
instrumentos económicos entre sectores burocráticos (autoridades fiscales y ambientales) y entre niveles
de gobierno (autoridades ambientales centrales y autoridades municipales o provinciales, entre otras)
(Acquatella, 2009). Se observan dos patrones: el surgimiento de resistencia a la introducción de objetivos
ambientales dentro del sistema fiscal y la existencia de incentivos contrapuestos a la operación efectiva de
los incentivos ambientales.
La implementación de instrumentos económicos alineados con objetivos ambientales y su
integración dentro de las estructuras tributarias y de los marcos de incentivos sectoriales existentes (en
energía, transporte o agricultura, entre otros) resulta difícil en la práctica. Los incentivos económicos que
los reguladores ambientales pueden administrar directamente constituyen señales relativamente modestas.
Si la estructura fiscal que determina los costos finales de los usuarios se encuentra orientada en otras