La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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perjudicadas por la instalación de infraestructuras o actividades extractivas que afectan su vida económica
y social, sobre todo los pueblos originarios, constituye un aspecto que debe ser arbitrado en el marco de
audiencias públicas, capacitación y políticas de desarrollo económico y social compatible con la cultura
de cada comunidad.
Como parte de la campaña de las tres demandas que lidera la Iniciativa Acceso, organizaciones de
la sociedad civil han demandado, entre otros, el establecimiento de fuentes públicas de financiamiento
para apoyar la participación y representación de la ciudadanía en pleitos de interés público. Esto incluye,
por ejemplo, la asistencia previa al juicio para recopilar evidencia 7 .
Bajo este lineamiento, se sugieren las siguientes acciones:
a) Establecer un acuerdo internacional que permita avanzar en la implementación efectiva del
Principio 10 de la Declaración de Río, garantizando los derechos de la población de acceso a
la información, participación y justicia en la toma de decisiones en materia ambiental,
particularmente de las personas que se encuentran en situación de desventaja por
condiciones de discriminación, pobreza o salud
En el marco de las discusiones sobre Río+20, tanto los gobiernos de la región como la sociedad
civil han planteado la necesidad de perfeccionar los mecanismos de acceso a la información, participación
y justicia en la toma de decisiones. En este contexto, se han sugerido tres opciones. La primera de ellas es
el establecimiento de un instrumento legal regional que garantice los derechos consagrados en el Principio
10 de la Declaración de Río. Se ha planteado que este instrumento legal puede elaborarse sobre la base
del aprendizaje obtenido de la experiencia europea con la Convención sobre el acceso a la información, la
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales
(Convención de Aarhus) 8 . Una segunda alternativa sugerida es la creación de un nuevo instrumento de
carácter global, y una tercera ha sido la posibilidad de que los países de la región se adhieran a la
Convención de Aarhus, que si bien corresponde a la Comisión Económica para Europa (CEPE), está
abierta para la firma de otros Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Todas estas iniciativas apuntan a elevar el grado de cumplimiento del Principio 10 en la región,
asegurando no solo la promulgación de leyes, sino también su debida implementación y una mejora
continua en materia de participación ciudadana y transparencia gubernamental. En el recuadro VI.3 se
presentan brevemente los planteamientos de los países de la región en relación con este tema, incluidos en
sus aportes al documento de negociación para Río+20, que fueron enviados entre octubre y noviembre de
2011 a la secretaría de la Conferencia.
7
8
Véase la lista completa de demandas de la ciudadanía [en línea] http://www.accessinitiative.org.
Aprobada en Aarhus (Dinamarca), en junio de 1998, entró en vigor el 30 de octubre de 2001. En agosto de 2010
había sido firmada por 40 países, principalmente de Europa, y la Unión Europea [en línea] http://live.unece.org/
env/pp/ratification.html.