La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

249
La solidez analítica y prioridad otorgada a estas soluciones de “triple dividendo” (mayor
dinamismo económico, mayor inclusión y calidad de vida de la población y menor impacto ambiental de
las actividades productivas) debe reflejarse en los presupuestos públicos.
b) Fortalecer las políticas de habilitación de las personas para la seguridad humana
Se debe dotar a las personas de medios, instrumentos materiales y educativos para habilitarlas y
que velen por sí mismas, para que desarrollen su potencial, participen plenamente en la toma de
decisiones y adquieran resiliencia, de modo que anticipen, resistan y se recuperen de los eventos críticos
para su seguridad y disminuya su vulnerabilidad. También se debe satisfacer sus necesidades más
esenciales y garantizar su subsistencia y dignidad.
Para ello, es fundamental fortalecer los sistemas nacionales de protección social. Una estrategia
de protección y empoderamiento requiere un esfuerzo concertado para establecer marcos legales,
procesos e instituciones que sistemáticamente aborden inseguridades de las personas, las protejan de las
amenazas críticas y generalizadas, y faciliten ámbitos apropiados para que satisfagan sus necesidades,
tengan medios apropiados de subsistencia y puedan mantener estas condiciones.
c) Implementar estrategias de reducción del riesgo de desastres que contemplen la ampliación
de mecanismos de protección social como transferencias condicionadas, esquemas de
generación de empleos temporales y microseguros y que incluyan la dimensión nutricional
Los gobiernos nacionales y los organismos intergubernamentales subregionales y regionales,
como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad Andina (CAN), han
establecido marcos de políticas favorables para el avance de la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático que involucran a múltiples actores a nivel comunitario, nacional y
regional. Dichas iniciativas deberían centrarse también en la seguridad alimentaria, la nutrición y la
protección social, con focalización en los niños y niñas menores de 2 años, las mujeres embarazadas y en
período de lactancia y en otros grupos en situación de desventaja. También es necesario prestar mayor
atención a la vinculación entre la reducción del riesgo de desastres y las intervenciones para la adaptación
al cambio climático y la agricultura de los pequeños productores.
En este contexto, los actores nacionales y la comunidad internacional deben trabajar
conjuntamente en el apoyo al desarrollo de un enfoque multisectorial para integrar la protección social y
las estrategias de producción local con la seguridad alimentaria, la nutrición, la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático.
d) Promover un pacto social y fiscal que haga viables las medidas mencionadas
El financiamiento de estas medidas requiere un pacto social y fiscal que incluya una reforma
fiscal orientada a los objetivos de ampliar la protección social e internalizar los costos ambientales y de
salud en los respectivos ámbitos nacionales (véase el lineamiento 3). Esta reforma puede realizarse
desplazando cargas fiscales desde la órbita del trabajo y la inversión hacia el medio ambiente y los
recursos naturales.