La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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Para que estos procesos de planificación estratégica sean viables y efectivos, tienen que estar
insertos en marcos estratégicos nacionales y regionales compatibles (véase la sección E), que den cuenta
de los procesos demográficos más allá de los límites de las ciudades o los espacios locales. Asimismo, si
bien es cierto que la concreción de las acciones tiene que darse a nivel local (véase el capítulo III en lo
que se refiere al rol de las autoridades locales), estas acciones deben enmarcarse en procesos que van más
allá de las fronteras de las ciudades. Esta coordinación entre los poderes nacionales, estatales,
provinciales y otros es imprescindible (véase la sección E).
3. Transportes
En el contexto del desarrollo territorial, no pueden subestimarse las dimensiones sociales y ambientales
de la planificación de los transportes. Una correcta planificación garantiza la conectividad entre las
comunidades humanas y constituye la red que ordena los usos del suelo y la economía del territorio
(UNCRD, 2011b).
En el ámbito urbano, la región tiene experiencias interesantes. En São Paulo, Quito, Cuenca,
Guayaquil, Bogotá y Medellín, entre otras, se han implementado iniciativas de mejoramiento del transporte
público (véase el recuadro I.9). Sin embargo, en general, el transporte urbano masivo continúa siendo
ineficiente e insuficiente desde el punto de vista de las necesidades de buena parte de la población de
América Latina, especialmente la que vive en los sectores semiurbanos y rurales. Lo anterior es uno de los
factores que explican el creciente parque vehicular privado en la región, como respuesta privada e individual
a la falta de servicios de transportes, urbanos, interurbanos e internacionales, que permitan trasladar de
manera digna, oportuna, confiable, eficiente y sostenible a personas y bienes (véase el gráfico I.21).
Algunos países han establecido objetivos, estrategias y líneas de acción para atender la
sostenibilidad ambiental dentro de las políticas de trasporte urbano pero, en la mayoría de los casos, esos
criterios se encuentran ausentes en las metas previstas. En la práctica, el costeo parcial de los proyectos,
las erróneas señales de precios, la falta de armonización entre la promoción de la infraestructura para el
tráfico automotriz y el impulso al transporte masivo ha provocado que ambas alternativas se entorpezcan
mutuamente y terminen agravando el problema que pretendían solucionar. Esto refleja una vez más la
falta de integración de las políticas públicas de movilidad, las presiones a que están sometidas las
autoridades encargadas de tomar decisiones. Más allá del corto plazo, la ampliación de las capacidades de
avenidas y autopistas provoca mayores incentivos para el uso del automóvil, lo que a mediano plazo
vuelve a generar congestión (Lupano y Sánchez, 2008).
Al implementar sistemas de transporte urbano es necesario hacer evaluaciones previas del
impacto social a fin de garantizar que las nuevas infraestructuras tengan el menor impacto negativo
posible sobre las personas y que los más pobres y marginados no se vean afectados injustamente. Es
necesario evaluar también las necesidades de transporte de toda la comunidad, de modo que las rutas que
se creen sean las más convenientes y económicas para la mayor parte de la población y que el transporte
sea de una calidad suficiente como para colmar las necesidades y no desalentar a los usuarios. Ello
requiere no solo centrarse en las áreas densamente pobladas sino responder a las diversas necesidades de
los distintos tipos de usuarios. En estos procesos, la amplia participación social es clave para el éxito.
La infraestructura de transportes fuera del área urbana, que conecta distintas ciudades y regiones,
es un aspecto decisivo del desarrollo territorial. Pese a que a mediados de la década de 1980 y principios
de los años noventa se registró en la mayoría de los países de América Latina un aumento en la cobertura
y calidad de los servicios relacionados con la disponibilidad de infraestructura física y de redes de