La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

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Uno de los desafíos de la región es ampliar el acceso de los gobiernos y la sociedad civil a las
herramientas existentes. Otro está relacionado con el universo de información que queda en manos de
agentes privados. De acuerdo con un estudio de la Iniciativa Acceso (2005), es importante la
consolidación de esquemas y mecanismos de reporte periódico sobre el estado del medio ambiente y los
impactos de las actividades de las empresas, tanto privadas como públicas. En particular, en la
evaluación se reconoce que falta mucho por hacer para que el sector industrial se responsabilice de
informar sobre sus emisiones al ambiente. Iniciativas como Carbon Disclosure Project 6 , que agrupa
información estandarizada sobre el desempeño ambiental de importantes empresas y ciudades, permite a
los diferentes actores de la sociedad civil comparar los niveles de contaminación e intensidad en el uso de
recursos de las diferentes empresas y hacer un seguimiento de la evolución de este desempeño en el
tiempo. Mediante el informe sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y de la huella hídrica de
los productos o las estrategias que cada empresa implementa para combatir el cambio climático, se puede
medir el nivel de compromiso con el ambiente. Esta información está disponible para una audiencia muy
amplia, que va desde inversionistas, corporaciones, políticos, organizaciones del sector público y la
academia hasta el público en general, lo que permite a cada uno de estos actores tomar medidas adecuadas
para ejercer presión desde su ámbito de influencia y fomentar el desarrollo de formas de producción más
limpias y sostenibles. Esta experiencia podría ser replicada a nivel nacional, de forma voluntaria o
regulada, de manera que los diferentes actores de la sociedad civil y del sector público conozcan el
impacto que las diferentes empresas tienen sobre el medio ambiente.
B. ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA EN LA
TOMA DE DECISIONES EN MATERIA AMBIENTAL
En las dos últimas décadas, se ha avanzado considerablemente en los países de la región en el
reconocimiento legal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia
ambiental. Ejemplos de ello son la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental de México (2002), la Ley sobre acceso a la información pública de Chile (2009) y la
Ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el
Convenio 169 de la Organización Internación del Trabajo, recientemente promulgada en el Perú (2011).
Además, la amplia mayoría de las leyes marco relacionadas con el ambiente que se sancionaron a partir
de los años ochenta incorporan el acceso a la información y a la participación ciudadana, ya sea como
referente de consulta o bien convocando o integrando directamente a la sociedad civil organizada en
algún órgano de gestión. Al igual que en otras partes del mundo, la sociedad civil ha jugado un papel
importante en la difusión de los derechos de acceso emanados del Principio 10 de la Declaración de Río
en la región. Destaca el trabajo amplio y coordinado de cerca de 64 organizaciones no gubernamentales
y de la sociedad civil de la región que, desde la Iniciativa Acceso 7 y con el apoyo de CEPAL, han
acompañado los procesos gubernamentales e incidido para lograr una aplicación más efectiva de los
derechos de acceso. Desde 2002, la Iniciativa Acceso en América Latina ha evaluado el acceso a la
información, la participación y la justicia en los procesos de toma de decisiones que afectan al medio
ambiente en 15 países de la región para proporcionar un diagnóstico independiente sobre el grado de
avance de la implementación del Principio 10. Aquí se resumen los principales avances y brechas en
los tres componentes de este Principio.
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Véase [en línea] https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx.
La Iniciativa Acceso es una red de organizaciones de la sociedad civil que trabaja para que los ciudadanos tengan
el derecho y la capacidad de influir en las decisiones sobre los recursos naturales que sostienen sus comunidades.
Véase más información [en línea] http://www.accessinitiative.org/.