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2. El Estado y las políticas públicas
las asociaciones y/o organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales,
practican un “derecho de tanteo” en materia de políticas de preservación del medio
ambiente.
Estos ajustes provocados por los desarreglos observados a nivel de la implementación
no siempre son perennes y a su vez fomentan problemas adicionales. De esta manera,
la creación de administraciones ad hoc, muy especializadas y a menudo muy apegadas
a los empresarios, políticos o administrativos que contribuyeron a crearlas, no garantiza
una verdadera continuidad ni una institucionalización permanente de estructuras y
procedimientos administrativos legítimos. Si retomamos aquí el caso peruano antes
mencionado, es interesante observar que la Superintendencia resultó muy permeable
a las evoluciones de la coyuntura política y al retiro de las personas que la habían
iniciado. Otro ejemplo, la implementación de nuevas estructuras para la gestión de
carreras públicas en México, el Servicio Profesional de Carrera, que se estableció a
partir de 2003 pero de manera muy parcial y politizada como para permitir una
verdadera renovación de la gestión del personal administrativo.
Por otra parte, dentro de un contexto que cuestiona el “consenso de Washington”
pero también debido a los límites objetivos de las asociaciones público-privado, la
privatización de políticas públicas es una solución a la que se recurre cada vez menos.
El encarecimiento de los servicios, el sentimiento de una “traición” de prácticas o de
intereses locales, son a veces problemas relacionados con estas transferencias que
han terminado por justificar que estas políticas vuelvan a ampararse en el Estado. La
gestión del agua por ejemplo se confió de nuevo a las municipalidades locales, en
Brasil; en ocasiones incluso al Estado, como en Bolivia, de manera a producir un servicio
público más próximo a los ciudadanos y mejor ajustado a las necesidades expresadas
por los grupos sociales como por las empresas concernidas (Mayaux, 2012).
Al igual que sucede con otras dinámicas de la acción pública, las condiciones y
modalidades de la implementación son reflejo de las especificidades de la realidad
latinoamericana que destacan en particular por sus políticas híbridas, entre prácticas
tradicionales, presiones internacionales y una voluntad reformadora más o menos
perdurable. Philippe Bezès lo muestra perfectamente en su artículo antes mencionado,
en el que insiste, en especial, sobre los elementos de continuidad y sobre las evoluciones
parciales que caracterizan a las reformas burocráticas recientes. En su opinión,
“los modos de funcionar y de organizarse de las administraciones de los regímenes
anteriores no democráticos, a menudo sedimentaron la distribución del poder, favorecieron
divisiones sociales, legitimaron y difundieron representaciones colectivas,
estructuraron intereses, apoyos, incentivos y recursos, desarrollaron ciertos tipos de
lealtades que reposan sobre el clientelismo y contribuyeron a las prácticas de grupos
Enero 2014 / Los desafíos del desarrollo en América Latina / © AFD [ 181]