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2. El Estado y las políticas públicas
A SAVOIR
(12) El balance de las experiencias en la lucha contra la violencia y la inseguridad
pública en América latina nos da un resultado ambivalente. En algunos países,
la violencia se ha incrementado en años recientes, por ejemplo en (algunas
partes de) México, en los países centroamericanos, en Venezuela, Brasil, pero
también en países como Uruguay y Costa Rica, que tenían la fama de ser países
muy tranquilos y seguros. Sin embargo, hay también ejemplos alentadores. Si
hasta hace poco el mantenimiento de la seguridad era principalmente una tarea
policial, hoy en muchas ciudades los gobiernos locales disponen de programas
de seguridad más amplios. A eso se suman programas preventivos elaborados
por redes académicas (por ejemplo en Minas Gerais). Sin ninguna duda, los
índices de delincuencia de ciudades como Bogotá, Guarulhos, Belo Horizonte
han bajado durante la última década gracias a los programas audaces de algunos
alcaldes, con resultados tan positivos como la transformación de la institución
policial en Colombia y El Salvador y, finalmente, la reforma procesal en
Chile. Este país es también ejemplo de una creciente profesionalización en la
investigación policial y en la coordinación de actividades entre los municipios,
el gobierno central y la policía.
(13) Los enfoques y modelos teóricos disponibles y las experiencias recientes de su
(todavía rudimentaria) aplicación, tanto en Europa como en algunos países latinoamericanos,
muestran con toda claridad que las estrategias de prevención y
sus referentes teóricos (la teoría de las oportunidades/teoría situacional, la
teoría de desorganización social y el concepto de solución de problemas)
presentan ventajas evidentes en comparación con las respuestas represivas
tradicionales y su concepto básico, la teoría de la disuasión. Estas estrategias
alternativas son las que han dado hasta ahora los mejores resultados.
(14) Lo que se necesita es una política integral de seguridad ciudadana, cuyas bases
esenciales sean la igualdad de acceso al sistema judicial para todos los ciudadanos,
la consecución de un equilibrio entre las demandas legítimas de protección
social y el respeto de las garantías fundamentales para todos los ciudadanos,
incluidos los inculpados; la incorporación de la perspectiva de las víctimas en
el tratamiento de las cuestiones penales; la educación legal popular, el fortalecimiento
de la participación de la sociedad civil y la vinculación de la seguridad
ciudadana con una estrategia de desarrollo social. Estrategias de este tipo provocarán,
seguramente, resistencias provenientes tanto de la policía y el sector
judicial como también del ámbito político y tendrán que contrarrestar el hecho
de que en la mayoría de los países de la región, la sociedad civil no esté preparada
para enfrentar el tema y suele demandar panaceas universales. Finalmente, se
[ 262] © AFD / Los desafíos del desarrollo en América Latina / Enero 2014