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Introducción
A SAVOIR
Por consiguiente, las poblaciones locales a menudo perciben negativamente los
grandes proyectos mineros, se oponen de manera violenta y reclaman la preservación
de sus condiciones de vida, e incluso la protección de los medios naturales de interés
mundial –o empleando otro vocabulario, de los bienes públicos mundiales. De esta
forma, desde hace diez años se han multiplicado los conflictos socio-ambientales
en los que generalmente las grandes compañías, respaldadas por las autoridades
políticas locales o nacionales, se enfrentan a poblaciones deseosas de preservar sus
condiciones de vida. Esos conflictos se han convertido en importantes escenarios
de expresión política, en particular frente al desinterés que suscita la vida política
tradicional. Se anclan en problemas concretos, la transformación de la tierra, que
causan una movilización local y hacen eco a problemáticas globales de protección
del medio ambiente en las que se implican activas redes nacionales e internacionales
–en particular las grandes ONG ambientalistas como Greenpeace o Conservation
International.
Estos conflictos han generado tensiones como sucedió entre Uruguay y Argentina
debido a la instalación de una fábrica de pasta de papel en el río Uruguay, que fue
considerada como peligrosa por los argentinos. En varias ocasiones, la violencia de
las manifestaciones provocó una interrupción de la circulación en el puente que une
a los dos países y condujo a los Estados a un juicio ante la Corte Internacional de
Justicia de La Haya. En la mayoría de los casos, esos conflictos quedan circunscritos a un
Estado, lo que no impide que en ocasiones sean violentos. En Perú, el desacuerdo en
relación a las grandes minas (Yanacocha, Conga) causó enfrentamientos entre fuerzas
del orden y poblaciones que provocaron varias víctimas. Los detractores reclaman la
preservación de su marco de vida y en particular temen perder su acceso al agua ya
que es un líquido que se consume de manera abundante en las minas. La situación es
particularmente tensa en Chile ya que el código del agua adoptado bajo la dictadura
del General Pinochet es favorable a las grandes empresas que han acaparado los
derechos de uso del agua en detrimento de los pequeños agricultores.
También se plantea el problema de la redistribución de regalías mineras en los territorios
y para provecho de las poblaciones. Aunque se llegue a un acuerdo sobre el
principio de un pago por la explotación de los recursos naturales, no existe una
solución satisfactoria para determinar el monto y las modalidades de redistribución.
El pago de impuestos a los gobiernos locales es el caso más frecuente (Argentina,
Colombia, Perú), pero éstos no son siempre los más indicados para su mejor uso ya
que localmente carecen de conocimientos o no tienen proyectos que financiar.
Además, las reformas emprendidas para lograr una mejor repartición territorial de las
regalías (por ejemplo en Colombia), en ocasiones enfrentan fuertes resistencias locales
[ ] © AFD / Los desafíos del desarrollo en América Latina / Enero 2014
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