DESPUES DE LA LLUVIA - Rebelión

clausura del Congreso Nacional, la ilegalización de la Central Unica de Trabajadores, el
aplastamiento de las libertades... e incluso la tragedia de muchos sacerdotes y creyentes. 184
“Queremos que se haga justicia”
La familia Alsina apoyó la denuncia que el 3 de julio de 1996 el presidente de la
Unión Progresista de Fiscales (UPF), Miguel Miravet, presentó ante el Juzgado Central de
Instrucción de la Audiencia Nacional en Valencia contra Pinochet y los otros ex miembros
de la junta militar (Merino, Leigh, Mendoza y los sustitutos de estos dos últimos, Fernando
Mathei y Rodolfo Stange) por los delitos de genocidio y terrorismo de estado. Esta denuncia
hizo un especial hincapié en los ciudadanos españoles asesinados: los sacerdotes Joan
Alsina y Antonio Llidó, Michelle Peña, Antonio Elizondo, Carmelo Soria y Enrique López. 185
La UPF pidió que se decretaran órdenes internacionales de detención para que fueran
extraditados y juzgados en España, ya que no lo habían sido en Chile, los miembros de la
junta militar chilena y sus principales subordinados y en el tercer punto de su denuncia
aseguró que “además de encarcelar sin acusación ni juicio previo a decenas de miles de
ciudadanos, carentes de cualquier clase de garantía procesal de defensa, las personas denunciadas,
para consumar la eliminación física de los discrepantes, procedieron de manera
organizada, jerarquizada, sistemática, sirviéndose de las tropas bajo su mando, así como de
los inmuebles, acuartelamientos, medios materiales, personales y técnicos de las FFAA y de
Carabineros, y prescindiendo de cualquier procedimiento legal, incluso del ordenamiento
vigente por ellos mismos impuesto, al allanamiento de los domicilios de miles de ciudadanos,
secuestrándolos, sometiéndolos a sofisticados métodos de tortura para procurar su
sufrimiento y forzarles a suministrar información; y finalmente, procedieron a quitarles la
Viera-Gallo, Hernán del Canto, Luis Figueroa y Orlando Millas. Las denuncias pudieron hacerse a los
teléfonos 65271 (anexos 622, 618, 270 y 524) y 85623, en las unidades militares o en las comisarías de
carabineros. El Mercurio. Edición internacional. 30 de septiembre de 1973. p. 4.
184 Sobre la Iglesia católica y la dictadura, véanse: Hourton, Jorge: Combate cristiano por la democracia.
1973-1987. CESOC. Santiago de Chile, 1987. Yáñez, Eugenio: La Iglesia y el gobierno militar. Andante.
Santiago de Chile, 1989. Cancino Troncoso, Hugo: Chile: Iglesia y dictadura. Odense University Press.
Odense, 1997. Fernández Fernández, David: La “Iglesia” que resistió a Pinochet. IEPALA. Madrid, 1996.
185 Antonio Llidó, 38 años, miembro del Comité Central del MIR, fue detenido por la DINA y desapareció
de Cuatro Alamos en octubre de 1974. Véanse: Antonio Llidó. Epistolario de un compromiso. Tándem.
Valencia, 1999. Associació Cultural Antoni Llidó y Martí Ferrándiz, José J.: Antoni Llidó Mengual. Unes
mirades retrospectives. Universidad de Valencia. Valencia, 2002. Amorós, Mario: “Antonio Llidó, un sacerdote
revolucionario”. En: García Jordán, Pilar et alii: Estrategias de poder en América Latina. Universidad
de Barcelona. Barcelona, 2000. pp. 297-311. Antonio Elizondo (29 años, militante del MAPU) fue
detenido el 26 de mayo de 1976 junto a su esposa, Elizabeth Rekas, embarazada de cuatro meses. Desaparecieron
de Villa Grimaldi. Y Enrique López Olmedo (35 años, casado, dos hijos, dirigente del MIR)
fue asesinado el 11 de noviembre de 1977 en Valparaíso por miembros de la Armada.
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