DESPUES DE LA LLUVIA - Rebelión

En contraste con su ambigüedad pública ante el golpe de estado y su diatriba contra
los Cristianos por el Socialismo, el 6 de octubre la jerarquía católica impulsó junto con
otras confesiones (luteranos, metodistas, metodistas pentecostales, bautistas, ortodoxos,
judíos) la creación del Comité de Cooperación para la Paz en Chile (o Comité Pro Paz),
copresidido por los obispos Fernando Ariztía (católico) y Helmut Frenz (luterano), y el
Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados. Hasta que en noviembre de 1975 Pinochet
impuso su disolución, el Comité Pro Paz prestó asistencia jurídica a casi siete mil detenidos,
presentó más de 2.300 recursos de amparo, defendió a 550 prisioneros en consejos de
guerra e interpuso denuncias por 453 desapariciones. Asimismo, facilitó atención médica a
más de 70.000 personas y proporcionó alimentación a unos 35.000 niños en comedores
comunitarios 182 . Su extraordinaria labor, apoyada por la solidaridad internacional, tuvo
que sortear las constantes agresiones de la dictadura y sus medios de comunicación, pero
mereció el reconocimiento de muchas personas dentro y fuera del país.
Sin embargo, en aquellos primeros meses el episcopado sí apoyó a la junta militar en
un “informe privado” sobre “la situación en Chile” que remitió a sus pares de todo el
mundo a finales de diciembre de 1973, un documento mucho menos comedido que sus
declaraciones públicas: “El paso que [las Fuerzas Armadas] dieron el 11 de septiembre fue
como la respuesta a un requerimiento nacional y (...) una consecuencia de su obligación de
garantizar el orden en Chile (...) En el país hay un orden cívico que permite desarrollar
todas las actividades ciudadanas en forma normal. Hay ciertamente más orden que en los
periodos políticos anteriores, en que las huelgas, desfiles, luchas callejeras... convulsionaban
las ciudades”.
“Los tiempos son difíciles, particularmente por las secuelas económicas que quedaron
del tiempo de la UP. Se quisiera que concluyera el estado de guerra interno, que la justicia
militar diera paso a la justicia ordinaria, que el país volviera cuanto antes a una normalidad
institucional. Está también esa tercera parte del país que eligió presidente al Dr. Salvador
Allende a quien este nuevo régimen no puede agradar. Pero todas estas limitaciones y estas
aspiraciones deben ser vistas en un marco comparativo a lo que sucedía en el país antes del
11 de septiembre de 1973”. Los obispos ignoraron las crueles torturas, las ejecuciones, las
desapariciones, la atmósfera de terror que instaló las delaciones a la orden del día 183 , la
Contreras, el teniente coronel retirado Maximiliano Ferrer, el brigadier general retirado Miguel Krassnoff,
el coronel retirado Fernando Laureani, el oficial de gendarmería retirado Orlando Manzo, el coronel
retirado Marcelo Moren, Osvaldo Romo, el mayor retirado de carabineros Ciro Torré y el suboficial
retirado Basclay Zapata. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
182 Verdugo, Patricia: Bucarest 187. Sudamericana. Barcelona, 2001. pp. 34-35.
183 El 27 de septiembre la junta ofreció una recompensa de medio millón de escudos a quien ayudara a
detener a alguna de estas 17 personas: Carlos Altamirano, Luis Corvalán, Oscar Guillermo Garretón,
Miguel Enríquez, Mario Palestro, Alejandro Villalobos, Miria Contreras, Luis Espinoza, Víctor Toro,
Andrés Pascal Allende, Bautista Van Schouwen, Samuel Riquelme, Luis Valente, José Antonio
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