DESPUES DE LA LLUVIA - Rebelión

Ya en 1977, relató la agente de la DINA Luz Arce, se oía hablar con enorme satisfacción
en sus cuarteles sobre este proyecto, porque, aunque “muy pocos entendían lo que
decía la ley o cómo operaba, les bastaba saber que la ley de amnistía era la ley de la impunidad”
783 . Para intentar negar la evidencia, la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, aseveró
que este decreto-ley perseguía “la paz social y la unidad nacional” ya que a partir del 11 de
septiembre hubo un “enfrentamiento” con “heridos y muertos de ambos lados”. “Quedaron
heridas que había que sanar y eso se hizo a través de la amnistía, que viene de amnesia,
de olvidar. Había que perdonar. ¿A la DINA? Sí, a la DINA y a los otros” 784 . Pero este decretoley
no fue sino un “auto perdón” que se concedió la dictadura, apartó al Poder Judicial de su
obligación de investigar y sancionar los crímenes y negó a las víctimas y a sus familiares el
derecho a la justicia, como declaró en 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas.
Aunque en varias ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
recomendado su derogación, porque infringe las garantías judiciales y los acuerdos de la
Convención Americana de Derechos Humanos, nada han hecho los tres gobiernos de la
Concertación, a pesar de que fue una de las principales reivindicaciones del movimiento
democrático que puso fin a la dictadura. 785
De hecho, un epígrafe del programa de Patricio Aylwin, candidato de la Concertación
en las elecciones presidenciales de 1989 con el apoyo del Partido Comunista y las organizaciones
de derechos humanos, se tituló “Verdad y Justicia” y prometió: “El gobierno democrático
se empeñará en el establecimiento de la verdad en los casos de violaciones de derechos
humanos que hayan ocurrido a partir del once de septiembre de 1973. Asimismo,
procurará el juzgamiento, de acuerdo a la ley penal vigente, de las violaciones de derechos
humanos que importan crímenes atroces contra la vida, la libertad y la integridad personal.
(...) Por su propia naturaleza jurídica y verdadero sentido y alcance, el DL sobre amnistía de
1978 no ha podido ni podrá ser impedimento para el establecimiento de la verdad, la
investigación de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales y consecuentes
sanciones en los casos de crímenes contra los derechos humanos, como son las
detenciones seguidas de desaparecimiento, delitos contra la vida y lesiones físicas o psicológicas
gravísimas. El gobierno democrático promoverá la derogación o nulidad del decretoley
sobre amnistía”. 786
783 Arce, p. 386.
784 Hoy, 9 de mayo de 1979. p. 21. Véase también una entrevista que le realizaron en 1988: Marras, Sergio:
Confesiones. Ediciones del Ornitorrinco. Santiago de Chile, 1988. pp. 59-94.
785 En diciembre de 2000 Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas publicaron un
informe sobre la incompatibilidad del decreto-ley 2.191 con el derecho internacional, incluido por
CODEPU en el número 7 de su publicación Opinión y Perspectivas (pp. 7-30). Sobre la impunidad en
Chile, véase también: Delgado, Iva (coord.): De Pinochet a Timor. Impunidad y derecho a la memoria.
Sequitur. Madrid, 2000.
786 “Programa de gobierno. Concertación de Partidos por la Democracia”. Diario La Epoca. Documentos. pp.
3-4. Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
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