DESPUES DE LA LLUVIA - Rebelión

huelga de hambre de nueve días en la que participó mi mamá y que concluyó porque la
Vicaría y el fiscal militar alcanzaron un acuerdo –recuerda Emilio–. Entonces fuimos a la
Iglesia Recoleta Franciscana de Santiago a esperar que llegaran los cuerpos y hacer la misa
del funeral, pero al final nos llevamos la terrible sorpresa de que unos funcionarios de la
CNI se los habían apropiado y los habían sepultado en la fosa común del cementerio de Isla
de Maipo”. Aquel nuevo golpe agudizó el dolor de los familiares, indefensos ante la violencia
física y simbólica del régimen.
Un día después miles de personas les acompañaron en la misa de cuerpo ausente en la
Catedral. Sólo los restos de Sergio Maureira fueron sepultados aparte, en una tumba reconocida,
y el suyo fue el único certificado de defunción que entregaron, con fecha de 1978
y no de 1973; como subraya Juan Luis, “aquello fue otra burla y lo peor es que los gobiernos
democráticos no han hecho nada por darnos el certificado de defunción de mis hermanos.
Junto a mi mamá he peleado por esto porque a día de hoy ninguno de ellos existió”.
La siguiente agresión llegó en marzo de 1980 cuando la familia Ruiz-Tagle compró el
fundo y dinamitó los hornos, con la aquiescencia de la junta, para exterminar todas las
huellas del horror e impidieron el paso a un lugar que se había convertido en centro de
peregrinación. Hoy sólo una montaña de pedruscos recuerda aquellos hornos de cal y cada
7 de octubre muchas personas llegan en romería hasta el lugar, aunque hoy deben soportar
una última afrenta.
Esta procede, ya no de la tiranía, sino del Ejecutivo de la Concertación porque desde
abril de 2002 funciona en aquellos cerros, a menos de un kilómetro y medio del lugar, un
inmenso vertedero conocido como relleno sanitario Santa Marta, a donde cada día llegan
cuarenta mil toneladas de desechos de la Región Metropolitana. Y ello a pesar de que el
lugar fue declarado Monumento Histórico por el Ministerio de Educación en 1996. “Nos
sorprende que el Gobierno de Ricardo Lagos haya permitido la creación de este basural,
que además incumple la normativa medioambiental”, dice Emilio. Ya en 1998 cuando la
Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos propuso instalarlo, los familiares y las organizaciones
de derechos humanos expresaron su indignación e incluso dentro de la alianza
oficialista se escucharon voces críticas, como Pepe Auth, entonces vicepresidente del Partido
por la Democracia y hoy embajador en Suecia: “Pretenden cubrir con basura las violaciones
a los derechos humanos”. En la campaña electoral de 1999 el propio Lagos se comprometió
ante ellos a impedirlo.
En mayo de 2001 Angel Cabeza, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos
Nacionales, envió una nota a Gianni López, secretario de la Comisión Regional del Medio
Ambiente de la Región Metropolitana, donde le dijo que, aunque el vertedero se localizaría
a más de un kilómetro del Monumento Histórico “Hornos de Lonquén” y por tanto no
provoca impactos en él, “debemos considerar la posibilidad cierta de que este relleno crecerá,
tanto por lo señalado por el proponente en el Estudio de Impacto Ambiental como por
el aumento de la cantidad de residuos sólidos domiciliarios producto del crecimiento de la
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