DESPUES DE LA LLUVIA - Rebelión

1991 empezó una nueva vida. Desconocía las leyes y el mundo de la judicatura, pero junto
con Alfonso Insunza recorrió sin descanso un tortuoso camino trabado por los obstáculos
de la impunidad erigidos por la dictadura y ha acabado convirtiéndose en una de las personas
más apreciadas del movimiento de derechos humanos 655 . “Sólo existía por y para el
juicio. Me aparté de la cotidianidad de una joven, era como si vivera en el lado oscuro. No
es fácil encontrar trabajo cuando estás catalogada como persona conflictiva. Pasé tres años
con custodia permanente por amenazas de muerte. Me seguían por la calle. Un día me
atacaron. Este permanente estado de alerta modificó mi vida y la de mis tres hijos. He
peleado contra las instituciones armadas y contra el Estado que me debía haber amparado.
Algunos diputados se han portado bien, pero el conglomerado de fuezas que forman el
actual Gobierno ha entorpecido las labores de investigación. Han intentado sacar del camino
las piedras que molestaban en esta transición pactada con los responsables de crímenes
horribles”. 656
En 1994, a petición de la familia 657 , la Corte Suprema reabrió el sumario y, ante la
recusación del juez Libedinsky, entregó la causa al magistrado Eliodoro Ortiz, quien en
mayo de 1995 procesó al mayor Guillermo Salinas (jefe de la brigada Mulchén) como autor
del crimen y al sargento de carabineros José Ríos como cómplice, pero el 21 de junio
decretó su libertad bajo las nimias fianzas de 150 y 30 dólares. El 4 de junio de 1996 Ortiz
decretó la amnistía del caso Soria porque consideró que no pertenecía a la planta superior
permanente de la CEPAL (debido al infome ambiguo entregado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores), a pesar de toda la información que entregó la ONU y de que en septiembre
de 1994 la CEPAL certificó tal condición.
El 7 de junio Insunza presentó una extensa apelación basada en el rango constitucional
de los tratados internacionales suscritos por Chile y su primacía sobre las leyes internas,
que en el caso Soria son el convenio firmado con la CEPAL en 1954 y el Convenio sobre
Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Pero el 23
de agosto la Sala Segunda de la Corte Suprema ratificó el cierre del caso (su presidente
Enrique Zurita es hoy uno de los nueve senadores designados). Carmen acusó a los ministros
de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, y Justicia, Soledad Alvear, de no colaborar
655 La madrugada del 26 de noviembre de 1998, horas después de que los jueces lores confirmaran que
Pinochet carecía de inmunidad y por tanto debía continuar detenido en Londres, el teléfono sonó en casa
de Carmen: “Te vamos a rajar como le hicimos a tu padre, cerda...”. Ocho años después del final de la
dictadura, los familiares de las víctimas de Pinochet aún tenían que soportar este clima de amenazas, que
aún rebrota cuando la impunidad peligra. El Mundo, 11 de diciembre de 1998.
656 El País Semanal, 8 de marzo de 1998. p. 51.
657 La familia Soria encontró el respaldo mayoritario de la sociedad, que veía en aquel caso un símbolo de la
lucha contra la impunidad. En diciembre de 1994 Butros Butros-Ghali, secretario general de la ONU,
emitió una declaración pública donde recordaba el derecho de protección que debe a sus funcionarios y
confirmó su condición de funcionario internacional superior permanente.
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