DESPUES DE LA LLUVIA - Rebelión

Socialista, Carlos Lazo, emergió ayer, según la acusación del fiscal Orlando Gutiérrez, como
el principal nexo civil entre el ex Presidente Allende y los elementos subversivos de la Fuerza
Aérea, al enfrentar el Consejo de Guerra de la FACh bajo los cargos de traición e incitación
a la insubordinación, por los cuales el fiscal pidió la pena de presidio perpetuo en su
contra. Lazo, en sus declaraciones, reconoció haber promovido numerosas reuniones en su
oficina bancaria entre altos jerarcas del régimen pasado, como Clodomiro Almeyda, Carlos
Altamirano, Adonis Sepúlveda, Carlos Toro y dirigentes del MIR y MAPU, con oficiales de
la FACh, como los comandantes Ernesto Galaz y Raúl Vergara, contra quienes el fiscal pide
la pena de muerte”.
En sus páginas editoriales este diario señaló que “ha quedado en evidencia la participación
activa del ex Presidente Allende en las maniobras para infiltrar a las Fuerzas Armadas
y hacerlas abandonar su labor genuina. (...) Entre los jefes figuraba significativamente el
general Alberto Bachelet, fallecido recientemente a consecuencia de una afección cardiaca”. 355
Al igual que las decenas de oficiales y suboficiales de la armada procesados y condenados
también aquel año, los militares constitucionalistas de la FACh no tuvieron oportunidad
de defenderse ya que sus abogados no pudieron mencionar las torturas o subrayar la
legitimidad del gobierno de la Unidad Popular. Y, por último, el fallo del tribunal se fundamentó
en supuestos nuevos delitos, distintos de los contenidos en la acusación del fiscal
que refutaron los abogados defensores.
El 30 de julio el consejo de guerra condenó a muerte por fusilamiento al comandante
Ernesto Galaz, al capitán Raúl Vergara, al sargento Belarmino Constanzo y a Carlos Lazo
por traición a la patria y sedición, mientras que Iván Figueroa y Carlos Carbacho fueron
sentenciados a cadena perpetua. El resto de penas oscilaba entre los 30 años y los 200 días
de presidio militar 356 . Como las sentencias de los consejos de guerra eran inapelables, sólo
las presiones internacionales a favor de estos militares democráticos pudieron forzar al juez
de aviación de Santiago, el general José Berdichewsky, a rebajar las cuatro condenas de
muerte a treinta años de cárcel por espionaje y traición debido, según la propia sentencia, a
“la irreprochable conducta anterior de los condenados” 357 . En los años siguientes la junta
aceptó liberar a muchos de estos oficiales a cambio de expulsarles del país.
Así, por ejemplo, el comandante Ernesto Galaz estuvo preso hasta 1979 y después
vivió diez años en el exilio. En 1990, pocos meses después de su retorno, Galaz, presidente
de la Organización de Militares Democráticos de Chile, aseguró que “se está haciendo un
lugar común decir que ‘todos somos responsables de los luctuosos sucesos de 1973’. Que
todos somos responsables del quiebre del Estado de Derecho y de la democracia del país.
Nada más falso y farisaico que tal postura. Los responsables son quienes con mano ajena se
355 El Mercurio. Edición internacional. 9 de junio de 1974. pp. 3-4.
356 El Mercurio. Edición internacional. 3 de agosto de 1974. p. 1.
357 Ercilla, 7 de agosto de 1974. p. 9.
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