DESPUES DE LA LLUVIA - Rebelión

con la justicia porque la Concertación pretendía “cerrar los juicios de derechos humanos” y
afirmó, impotente ante el terrible peso de la impunidad: “Mi padre fue asesinado en 1976
y ahora se le ha vuelto a asesinar en 1996 en la democracia”. 658
El Gobierno español, el secretario general de Naciones Unidas, la CEPAL, el Parlamento
Europeo y Amnistía Internacional expresaron su frustración por la absolución de los
asesinos de Soria, el único de las once víctimas civiles que ha tenido la ONU cuyo crimen
continúa impune después 28 años después. El 4 de septiembre se constituyó una comisión
parlamentaria en Chile para presentar una acusación constitucional por “notable abandono
de sus deberes” en contra de los jueces de la Corte Suprema que firmaron la amnistía
(Eleodoro Ortiz, Hernán Alvarez, Enrique Zurita y Guillermo Navas), pero no prosperó
ante la oposición de los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano y de la derecha.
En aquellos días el Gobierno de Frei ofreció a la familia una indemnización de un
millón de dólares para crear una fundación con el nombre de Carmelo, pero Laura y sus
hijos la rechazaron porque su principal objetivo siempre ha sido la verdad y la justicia.
“Carmelo Soria inició a los 19 años la lucha por la libertad en la España de Franco y murió
asesinado por la DINA en el mismo empeño, a los 54 años en Santiago de Chile. La defensa
de los derechos humanos que significa el proceso Soria contribuye al desarrollo democrático
de Chile”, respondió Laura en una carta dirigida al Gobierno español. 659
El 31 de enero de 1997 Carmen denunció ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) la violación del derecho a la justicia por parte del Estado de Chile. El 19
de noviembre de 1999, al dar a conocer su informe sobre el caso, la CIDH planteó al
Estado de Chile cuatro recomendaciones. En primer lugar, deben establecerse las responsabilidades
de las personas identificadas como culpables del asesinato mediante un debido
proceso judicial, al objeto de que sean efectivamente sancionados los responsables y se
garantice a la familia el derecho a la justicia consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
En segundo lugar, el Estado de Chile debe cumplir el Convenio sobre Prevención y
Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, que establece que las
violaciones de derechos humanos sufridas por los funcionarios internacionales deben ser
investigadas y condenadas. “En el caso de que el Estado chileno considere que no puede
cumplir con su obligación de sancionar a los responsables, debe aceptar la habilitación de la
justicia universal para tales fines”.
En tercer lugar, y como en anteriores informes, la CIDH pidió al Estado de Chile
“adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de manera que se deje sin efecto el decreto-ley 2.191 dictado en el año
658 Entrevista a Carmen Soria. Agosto de 1996.
659 El País, 9 de enero de 2000. Suplemento Domingo. p. 8.
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