EL DEBIDO PROCESO CONCEPTO Tenemos pues al debido ...

la administración de justicia, en la sentencia C-052 de 1993. Encontróexequibles disposiciones penales en cuanto a los beneficios a testigos para noser acusados en relación con los hechos sobre los que rindieron declaración.Posteriormente, la Corte analizó la garantía en lo concerniente a la excusa deun ciudadano de comparecer ante la Comisión de Investigación y Acusación dela Cámara de Representantes, quien alegaba que esta comparecenciavulneraba el artículo 33 de la Carta. La Corte, en auto No. E-004 de 1995, noaceptó la excusa, pero hizo la salvedad de que al ciudadano debenrespetársele las garantías constitucionales.En la sentencia C-403 de 1997, la Corte señaló que “no se viola el principio delartículo 33 de la Carta, cuando el funcionario judicial competente ordena lacaptura del imputado que se niega a rendir indagatoria, pues, lo que pretendeel artículo 33 de la Carta Política “es proscribir toda actuación de lasautoridades que pretenda la confesión involuntaria de quien es parte en unproceso. Ello, por supuesto, no afecta ni se contrapone a la obligaciónconstitucional que tienen los ciudadanos de colaborar con la administración dejusticia, ni al deber constitucional que tiene el funcionario judicial de comunicaral imputado, por todos los medios legales posibles, la existencia de unainvestigación penal en su contra.” 143La sentencia C-1287 de 2001, la Corte reiteró nuevamente la interpretaciónrestringida a asuntos penales, correccionales y de policía del artículo 33 de laCarta. Señaló lo siguiente:“Ahora bien, a pesar de que la redacción el artículo 33 de la Carta pareciera dara entender que la garantía que contiene resulta aplicable a cualquier tipo dedeclaraciones en juicio, la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamentoen la interpretación histórica de la norma, y en otros argumentoscomplementarios, ha precisado que su alcance se restringe a las declaracionesque deben producirse en asuntos penales, correccionales y de policía. Enefecto, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 202 y 203 del Decreto1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil), referentes al interrogatorio ycareo de las partes por decreto oficioso del juez y al interrogatorio a instanciade parte, respectivamente, dentro del proceso civil, la Corte, en la Sentencia C-426 de 199M.P Jorge Arango Mejía, descartó el cargo de inconstitucionalidadesgrimido en contra de dichas normas por desconocimiento del artículo 33 dela Constitución, considerando que esta disposición superior no resultabaaplicable a tal procedimiento.” 144Finalmente en sentencia C-422 de 2002, la Corte hizo algunas precisionessobre el alcance del principio de la no autoincriminación. Explicó que estagarantía cabe en todos los ámbitos de la actuación de las personas y puedeproyectarse en los más variados ámbitos de la interrelación de las personas. Esdecir, que el ciudadano puede abstenerse de suministrar a las autoridadescompetentes, información que lo incrimine.143 sentencia C-403 de 1997, MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.144 sentencia C-1287 de 2001, MP, doctor Marco Gerardo Monroy Cabra