EL DEBIDO PROCESO CONCEPTO Tenemos pues al debido ...

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Wieacker, Larenz y González Pérez, reconoce que la Buena Fe es en últimasel principio que protege el valor ético de la confianza. Sobre esta base la Corteconcluye que estando consagrado el Derecho Político como base de lademocracia participativa, y el derecho al voto como el mecanismo idóneo departicipación, su ejercicio se sustenta en la confianza que la administracióntiene en sus administrados, de que estos obran con lealtad y sinceridad en suejercicio y que por ende la Buena Fe se presume. Ahora bien, independiente deeste hecho, lo cierto es que frente al asunto en estudio, si bien el Derechofundamental al voto pudo haber sido violado, los tutelantes podían recurrir aotro medio ordinario que les permitiera proteger su derecho, ese medio era laacción de nulidad ante el Contencioso Administrativo. Por otra parte observa laCorte que revisando la resolución atacada, esta no viola de manera directa elderecho al voto, por que si bien anula la inscripción efectuada en Castilla laNueva, permite que los afectados con esta medida ejerzan su derecho al votoen el municipio donde tenían derecho a votar conforme al Censo Electoralvigente con anterioridad a la resolución.3. DECISION.- Con fundamento en los argumentos atrás expuestos la Cortedecide confirmar el fallo delJuzgado 42 Penal Municipal de Bogotá.D.- SENTENCIA T-475/92:M. P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.1. HECHOS.- La secretaría de Planeación de Popayán mediante resoluciónadministrativa, otorgó licencia de funcionamiento a un ciudadano, para que esteexplotara un establecimiento de comercio destinado al juego de billar. Losvecinos de la urbanización en la que se encontraba ubicado el establecimientode comercio, presentaron una queja a la Alcaldía Municipal alegando que elestablecimiento de comercio y las actividades allí realizadas eran nocivas parasus hijos, así como para la imagen de decoro y tranquilidad de la comunidad.En respuesta a la petición formulada por los vecinos, la Alcaldía Municipal dePopayán remitió oficio al propietario del establecimiento de comerciosolicitándole abstenerse de adelantar la adecuación de su establecimiento.Posteriormente otro grupo de vecinos dirigió comunicación a la AlcaldíaMunicipal manifestando su apoyo a la17 instalación del billar y defendiendo el juego como hidalgo y un medio idóneopara el esparcimiento de la ciudad. El propietario del local afectado con lamedida de suspensión de la licencia de funcionamiento, interpuso acción detutela ante el Juez Laboral del Circuito de Popayán alegando la inminencia deun perjuicio económico irremediable, pues mientras la justicia contenciosaAdministrativa decide la acción, habría dejado de percibir los frutos económicosde una inversión de dinero cercana a los DIEZ MILLONES DE PESOS($10.000.000,oo). El Juzgado Laboral del Circuito de Popayán tuteló el derechoy ordenó la suspensión de la orden impartida por la Alcaldía Municipal dePopayán. El Juzgado consideró que los derechos de petición y trabajo fueronviolados con el acto administrativo atacado, y que a pesar de que estos
derechos podían ser protegidos a través de otros medios legales, el perjuicioque reportaría el tutelante mientras ejercitaba esas acciones era considerable einminente. La Corte entra a revisar el fallo en cumplimiento de su funciónconstitucional.2.- CONSIDERACIONES O ARGUMENTOS DE LA CORTE.- El Derecho quese busca tutelar, en consideración de la Corte es el Derecho al Trabajo. El actoque ataca ese derecho fundamental es una actuación de la administración querevoca una decisión previa que era favorable al tutelante. La Corte consideraque con la conducta de la administración además de este derecho se habríanpodido violar otros derechos fundamentales, así por ejemplo el derecho aescoger profesión u oficio (C. P. Art. 26), al libre desarrollo de la personalidad(C. P. Art. 16) y los derechos constitucionales de libre empresa y libertadeconómica (C. P. Art. 333). Reitera la Corte que en el caso de la protección alDerecho al Trabajo, la concepción de este es amplia pues tiene que ver contoda actividad humana libre, consciente y noble, necesaria para la vida ygeneradora de capital y de instrumento de labores. Asegura la existenciamaterial del hombre y su familia, y se protege no solo el trabajo subordinado ydependiente, sino igualmente el trabajo no subordinado y libre ejercido ainiciativa personal de cada individuo. En este tipo de trabajo el derecho altrabajo implica el derecho a explotar un establecimiento de comercio donde sedesarrollen actividades honestas y dignas, caso del billar que es un deporte deinteligencia y habilidad. El ejercicio del derecho al trabajo comporta igualmenteel acceso al sitio de trabajo o lugar donde se desempeña la labor. Este derechoesta íntimamente relacionado con el derecho a escoger profesión u oficioregulado por el Art. 26 de la Carta Política, esta libertad constituye un límitepara el legislador, esto por cuanto la ley puede regular la práctica de lasprofesiones, más no es lícito regular su escogencia. La escogencia de un oficioes una libertad civil de primer orden. Dentro del marco de reglamentación queel legislador tiene frente al ejercicio de profesiones o actividades laborales, seenmarca el otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientosde comercio. Dicha actividad tiene que ver con el ejercicio de la facultad depolicía administrativa que le compete a la rama ejecutiva del poder público.Facultad de policía que le permite limitar las libertades individuales cuando lanecesidad de preservar el orden público así lo exija, entendido éste como laconservación material de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidadpublicas. "(...) La actuación de la autoridad publica en desarrollo de susfunciones de policía administrativa debe adecuarse a un margen objetivo deapreciación, evitando la desviación o abuso de las competencias estatales. Losparámetros utilizados para verificar el cumplimiento de los precisos requisitosque habilitan el ejercicio de una libertad individual son aquellos socialmenteaceptados, predecibles y racionalmente justificables y, ante todo,proporcionales a la finalidad que se pretende 18 alcanzar. La objetividad de loscriterios de apreciación depende del contexto social y del momento histórico enque se encuentra el individuo y la autoridad". Esa facultad de policíaadministrativa y en general las actuaciones de la administración, está sometidaal imperio de la Constitución y de la Ley, pero igualmente a la aplicación de losprincipios generales del derecho, dentro de los cuales la Buena Fe resulta serun principio fundamental. "(...) La buena fe ha pasado de ser un principiogeneral del derecho para convertirse en un postulado constitucional (C.P. art.
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