EL DEBIDO PROCESO CONCEPTO Tenemos pues al debido ...

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Más adelante, se puede observar, que si bien es cierto que el derechocanónico realizó un gran aporte en torno al principio de buena fe, es un errorafirmar que fue este derecho el que introdujo y desarrolló completamente estainstitución, ya que frente al Derecho Canónico existía una gran limitante,referente a que su ámbito de aplicación se circunscribía a los fieles católicos,por lo tanto no tenían mayor relevancia o fuerza vinculante con relación a otrossujetos intervinientes en las relaciones jurídicas contractuales. El conflicto entrecomerciantes y clérigos por la aplicabilidad del derecho canónico a loscontratos comerciales no reflejó ninguna considerable diferencia de opinión conrespecto a la subordinación del contrato a consideraciones morales.JURISPRUDENCIA RESPECTOAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE(Art. 83 de la CONSTITUCIÒN POLÌTICA)El principio aparece desarrollado de manera directa en veintisiete (27)sentencias constitucionales, que abarcan el periodo comprendido entre Juniode 1.992 y Diciembre de 2.000. Nueve (9) de las sentencias estudiadasanalizan problemas de exequibilidad o inexequibilidad de normas, es decirSentencias Tipo C, dos (2) sentencias de unificación de jurisprudencia oSentencias Tipo Su, y el resto sentencias que resuelven problemas específicosrelativos a la protección de derechos fundamentales vía acción de Tutela, esdecir, Sentencias Tipo T. Junto a estos fallos de aplicación directa delprincipio 100 , se encuentran referencias indirectas y esporádicas en múltiplessentencias que se remiten al principio de la Buena Fe para resolver problemasdiversos.En el Art. 83 101 de la Carta política, se pueden deducir dos (2) líneasjurisprudenciales claramente estructuradas:1. Una primera que hace referencia al deber ser de las autoridadesadministrativas de obrar con lealtad y sinceridad y ajustados a una concienciarecta, en la realización de todas y cada una de las actuaciones de laadministración, actuación que encuentra su justa contrapartida en la obligaciónde los particulares de ajustar su comportamiento frente a la administración en100 LOPEZ MEDINA Diego Eduardo. El Derecho De los Jueces.101 Articulo 83 de La Constitución Política de Colombia.
los mismos términos. La obligación de la administración de aplicar en formaestricta el principio de la buena fe en los eventos de convocatorias publicas,concursos de méritos para llenar vacantes de carrera administrativa y engeneral en los procedimientos de selección de personal, principio que setraduce en el hecho concreto de respetar el orden fijado en la lista de elegiblesasí como cumplir los procedimientos de selección a través de exámenes yprocedimientos de selección públicos y transparentes.2. Una segunda línea, que predica el deber y la obligación del Estado y de losparticulares de obrar con lealtad y sinceridad y ajustados a una concienciarecta, en la realización de todas y cada una de las actuaciones que se originanen la celebración de contratos, una faceta de la actividad del Estado y de losparticulares, que propugna por una especial modalidad de participación ocolaboración, que se sustenta en la confianza mutua y en la credibilidad en lapalabra del otro.A.- SENTENCIA Nº T-427/92:M. P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.1. HECHOS.- Un ciudadano fue declarado insubsistente del cargo que comofuncionario publico venia ocupando en CAPRECOM, resolución sustentada enla discrecionalidad que la administración tiene para remover funcionarios delibre nombramiento y remoción. El afectado ejercito la acción de tutelaargumentado que con el acto administrativo se violó el Derecho Fundamental alTrabajo, en la medida en que el tutelante es minusválido relativo, ya queestando al servicio de la entidad fue operado para corregir una graveOSTEONEOCROSIS avascular que afecta su motricidad respecto a susextremidades inferiores. El tutelante alega que en su actual condición física nopuede desempeñarse laboralmente en ningún empleo. La tutela fue conocidapor el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien la negó por considerarlaimprocedente, habida cuenta de la existencia de otros recursos o medios dedefensa judicial. En desarrollo de la función de revisión de los fallos de tutela, laH. Corte Constitucional revisó el caso y previamente solicitó un conceptomédico a los profesores que atendieron al tutelante encontrando que dichosgalenos conceptuaron que el paciente estaba para la época de la revisiónprácticamente asintomático, y que por ende no puede considerarse minusválidoni siquiera parcial.2. CONSIDERACIONES O ARGUMENTOS DE LA CORTE.- La Corteconsidera que el tema central de discusión es la legalidad de la Resolución deinsubsistencia y el límite de discrecionalidad que tiene la administración enrelación con tales actos, discrecionalidad de la administración que debe serconsiderada en aplicación del principio de la Buena Fe. Dicho límite debe serponderado a la luz del derecho fundamental al trabajo, pero igualmente frente ala protección especial que la Constitución en el Art. 47 otorga a losminusválidos, esto desde la óptica de promover las condiciones para que laigualdad predicada por la Carta Política sea real y efectiva.
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