EL DEBIDO PROCESO CONCEPTO Tenemos pues al debido ...

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ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DELCONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento delcontrol constitucional tienen el siguiente efecto:1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de lasnormas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo delejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatoriocumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motivaconstituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de lasnormas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridadhace, tiene carácter obligatorio general.2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienencarácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituyecriterio auxiliar para la actividad de los jueces.ARTÍCULO 49. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOSDICTADOS POR EL GOBIERNO CUYA COMPETENCIA NO HAYA SIDOATRIBUIDA A LA CORTE CONSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON ELNUMERAL SEGUNDO DEL ARTÍCULO 237 DE LA CONSTITUCIÓNPOLITICA. El Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad porinconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuyacompetencia no corresponda a la Corte Constitucional ni al propio Consejo deEstado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUSPor: Alex Jamber MarínARTICULO 31. “Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo lasexcepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la penaimpuesta cuando el condenado sea apelante único”.Sentencia T-178 de 1998. Principio de la no reformatio in pejus,características. En reiterada jurisprudencia, se ha señalado que el artículo31 superior constitucionalizó la no reformatio in pejus, el cual es un principiode imperativa aplicación por parte de todos los jueces. Esta Corporación hainterpretado el alcance de esta garantía, para lo cual ha precisado estascaracterísticas:- Cuando la apelación se interpone exclusivamente por el condenado opor su defensor, el juez de segunda instancia no puede empeorar susituación agravando la pena impuesta por el juez de primera instancia.- La competencia del juez de segunda instancia se adquiere sólo en losaspectos objeto de impugnación y en lo que pueda ser desfavorable para elcondenado, puesto que la apelación y las pretensiones que se involucranen ella limitan la competencia del superior jerárquico.- Este principio impone al superior la prohibición de actuar ex-oficio yexige un carácter dispositivo.
- El principio de la no reformatio in pejus opera sólo en favor del imputado.- El principio de legalidad de la pena no cede frente al derecho a lalibertad en la segunda instancia cuando hay apelante único.- La responsabilidad para mantener la legalidad de la pena ante unasentencia de primera instancia ajena a este deber, le corresponde alMinisterio Público y a la Fiscalía, como representantes de los intereseslegítimos del Estado o de la sociedad, como quiera que se encuentranfacultados para interponer el recurso de apelación y los demás recursosque contempla el ordenamiento jurídico penal.- "La prohibición de fallar en mayor perjuicio del apelante único cobija atoda clase de decisiones judiciales -salvo las excepciones que contemple laley-"- La prohibición de agravar la condena en perjuicio del apelante único seextiende a la condena por responsabilidad civil o consecuencias civiles delilícitoEn relación con la preocupación del Tribunal Nacional referente a lanecesidad de corregir errores aritméticos en que incurrió el juez regional deprimera instancia, la Corte Constitucional mediante sentencia que unificójurisprudencia, dijo:"La no interposición oportuna del recurso de apelación por el Fiscal o elMinisterio Público, revelan la conformidad del titular de la pretensión punitivacon los términos del fallo, e implican la preclusión de la oportunidad que elEstado tenía de revisar su propio acto.Si el procesado se abstiene de recurrir la decisión o desiste del recursointerpuesto, tal como se lo permite el artículo 212 del Código de ProcedimientoPenal, ante la ausencia de impugnación de los demás sujetos procesales, lasentencia de primera instancia, aún con todos los vicios de que se la puedaacusar, hace tránsito a cosa juzgada, sólo alterable o anulable con lainterposición de la acción de revisión, que opera frente a causales muyespecíficas y sólo cuando se trata de sentencias condenatorias, con el objetode favorecer al reo que ha sido ilegalmente sancionado. Ni siquiera cabe argüir,en el plano de la conveniencia, que la interpretación prohijada por la Corte en elcaso subjudice es propiciatoria de impunidad, pues resulta excepcional einsólito que si existe un vicio sustancial en la sentencia ni el Ministerio Públiconi la Fiscalía interpongan contra ella el correspondiente recurso. Esa conductaemisiva comporta la aquiescencia del Estado, a través de los funcionariosinvestidos de competencia precisamente para esos efectos, con la sentencia deprimera instancia que, de ese modo, queda convalidada en cuanto a lasconsecuencias favorables que ella comporte con respecto al apelante único. Siel a quo incurrió en un error y el Estado, por intermedio del Ministerio Fiscal, nolo consideró tal o fue negligente en el ejercicio de su función, tal apreciación uomisión no puede subsanarla el ad quem mediante el desconocimiento de unagarantía consagrada en la Carta y no sujeta a condición." 219219 Corte Constitucional. Sentencia SU-327 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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