EL DEBIDO PROCESO CONCEPTO Tenemos pues al debido ...

propias de cada proceso según sus características". Todo lo anterior descansaen la presunción de inocencia que acompaña al procesado. Frente al caso enestudio, llama la atención la aplicación de normas con carácter retroactivo y laexigencia de pruebas que en últimas le correspondía aportar a laadministración y no al afectado. La Corte analiza la figura del Decomiso, ladistingue de la confiscación pues esta última implica despojo de la propiedaddel bien a titulo de pena, mientras que la otra es una mera medida cautelar quese impone en el caso del contrabando como sanción fiscal.Finalmente considera la Corte la aplicación del postulado de la Buena Fe enrelación con la actuación de la administración y concluye que se trata de unprincipio que "(...) se erige en arco toral de las instituciones colombianas (...)Si este principio es fundamental en las relaciones entre particulares, con mayorrazón tiene validez cuando ellos actúan ante las autoridades públicas, bien endemanda de sus derechos, ya en cumplimiento de sus deberes y obligaciones,toda vez que el Estado y quienes lo representan deben sujetar su actividad alobjetivo de realizar el bien común, sobre la base de las previsiones trazadaspor el legislador (...) el servidor público que formule exigencias adicionales a lasque han sido legalmente establecidas, vulnera abiertamente la Constitución eincurre en abuso y extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones (...) de loanterior puede colegirse que es inaceptable el argumento según el cual laactuación de la autoridad aduanera, en cuanto pone en marcha procedimientosencaminados a comprobar si en determinado caso se configuró el contrabando,vulnera el principio de la buena fe, toda vez que demostrado aquel con arregloa las disposiciones legales correspondientes y con estricta observancia deldebido proceso, lo que acontece es que se desvirtúa mas no se desconoce lapresunción (de inocencia) que en principio amparaba a la persona". 153. DECISION.- En consideración a lo expuesto la Corte confirma el falloproferido tanto por el Juzgado16 Penal del Circuito como el fallo emitido por el Juzgado 13 Penal del Circuito.C.- SENTENCIA Nº T-469/92:M. P. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.1. HECHOS.- Ciento veintiocho (128) personas, todos presuntamentedomiciliados en el municipio de Castilla la Nueva (Meta), presentaron acción detutela ante el Juez Promiscuo Municipal de Castilla la Nueva (Meta), solicitandose les tutele el derecho al voto consagrado en el Art. 258 de la C. P. Lostutelantes se inscribieron para ejercitar el derecho al voto en el municipiomencionado, a efectos de participar en los comicios electorales de marzo de1.992. El Consejo Nacional Electoral detectó un aumento irregular en el censoelectoral de Castilla la Nueva y por tal razón expidió una ResoluciónAdministrativa mediante la cual dejó sin efecto las inscripciones de cédulasrealizadas en este municipio entre el 8 y el 17 de enero de 1.992. El Juez