EL DEBIDO PROCESO CONCEPTO Tenemos pues al debido ...

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En relación con el tema de la legalidad de la Resolución de insubsistencia, laCorte considera que opera frente a la facultad discrecional que el Art. 26 delDecreto ley 2400 de 1.968 otorga a la administración como entidad nominadorade funcionarios no vinculados por carrera administrativa.Esa discrecionalidad sin embargo esta sometida a unos limites, que buscanque la discrecionalidad no sea arbitraria, discriminatoria y que se sustente enfalsas motivaciones. Desde esta óptica, la administración debe incorporar ensus actuaciones el valor ético de la confianza que desarrolla la aplicación delprincipio de la Buena Fe. "Las facultades discrecionales de la administracióndeben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". Esto implica encriterio de la Corte que la administración no puede adoptar la medidadiscrecional en forma desproporcionada o con indiferencia a la situaciónespecial de la persona afectada por la decisión.En ese orden de ideas la Corte analiza la especial condición y trato que laConstitución otorga a los minusválidos, quienes deben ser favorecidos por sucondición desigual frente a los demás ciudadanos. Esto ocurre porencontrarnos inmersos en un Estado Social de Derecho que es un Estado deprestaciones y de redistribución con fines de asistencia social obligatoria enaras de la igualdad sustancial y no meramente retórica o formal. Confundamento en 13 este criterio y la consideración del Derecho al Trabajo comoun derecho no simplemente fundamental sino como una obligación social quese fundamenta en el principio de la estabilidad (Art. 53 del C. P.), se concluyeque en el caso de empleados públicos de libre nombramiento y remoción quesean minusválidos, se deben hacer especiales consideraciones de índole éticay humana a la hora de emitir una resolución de insubsistencia, en aras deproteger el derecho a la igualdad que estos ciudadanos indefensos tienen,criterio valorativo que deberá hacer el Juez de tutela con base en la buena omala fe que deduzca de la actuación de la administración.3. DECISION.- Al no haberse probado en el caso concreto del tutelante sucondición de minusválido, la discrecionalidad de la administración frente a ladisponibilidad del cargo opera de manera plena, por ende no se ha violadoningún derecho fundamental y no se tutela el derecho. Se confirma entonces laSentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.B-. SENTENCIA Nº T-460/92:M. P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.1. HECHOS.- Una persona jurídica, sociedad Ltda., dedicada a la prestacióndel servicio de Transporte Aéreo mediante vuelos chárteres, interpuso acciónde tutela en contra de la DIAN quien mediante Resolución administrativaordenó el DECOMISO de los motores y las hélices que hacían parte de unaavioneta que previamente había sido inmovilizada y retenida por cuenta de un
Juzgado Especializado y colocada a ordenes del Consejo Nacional deEstupefacientes por la presunta vinculación de la aeronave a actividades denarcotráfico, vinculación que posteriormente fue desvirtuada y que dio origen ala orden de entrega del vehículo a sus propietarios, momento en el cual laDIAN retuvo los motores y las hélices alegando que eran de contrabando. Laresolución administrativa emitida por la DIAN fue oportunamente recurrida porlos propietarios agotándose la vía gubernativa, mediante confirmación de ladecisión por parte de la Administración. El tutelante sustenta la tutela en elhecho de que para el año 1.965 fecha en la cual se importó la avioneta, losmotores y las hélices eran partes integrantes del avión y por esto no existemanifiesto de importación de dichas piezas. Igualmente manifiesta el tutelanteque a la avioneta posteriormente se le montaron motores y hélices de avionesaccidentados, respecto de los cuales no es posible probar su importación enforma legal. El proceso fue conocido por el Juez 16 Penal Municipal de Bogotáquien negó el amparo solicitado con fundamento en que con la actuaciónrealizada no se había violado el derecho al debido proceso, y que el accionantedispone de otros medios para la defensa legal de sus intereses.Agrega por otra parte que no esta demostrada la procedencia licita de losmotores y las hélices, razón por la cual la ley no puede proteger un derechoilegitimo. El fallo fue impugnado y conoció el Juez 13 Penal del Circuito deBogotá, quien confirmo el fallo del Juez penal municipal con prácticamente losmismos argumentos. La Corte Constitucional en desarrollo de la revisión detutelas entra a considerar el caso.2. CONSIDERACIONES O ARGUMENTOS DE LA CORTE.- La Corte inicia suanálisis considerando el punto relativo a la procedencia o improcedencia de laacción de tutela. Observa la Corte que lo que se ataca es una actoadministrativo que es susceptible de ser cuestionado a través de accionesordinarias, un proceso de Nulidad y 14 Restablecimiento del Derecho ante elContencioso Administrativo, razón por la cual en principio la tutela seríaimprocedente. Sin embargo observa la Corte que de conformidad con loestablecido por el Decreto 2591 de 1.991 artículo 6º, hay posibilidad de recurrira la acción de tutela a pesar de existir otros mecanismos jurídicos queresuelvan la violación del derecho alegado, en los casos en que con laviolación se genere al afectado un perjuicio irremediable, entendido como talaquel que solo pueda ser reparado en su integridad mediante unaindemnización. La Corte analiza los hechos y concluye que no se encuentraante un perjuicio irremediable de forma tal que la tutela impetrada esimprocedente. Sin embargo entra a considerar el aspecto sustantivo del asuntoen estudio, cual es el análisis de la protección al derecho fundamental alDebido Proceso (Art. 85 C. P.) y encuentra que el desarrollo de este principiono se limita a la posibilidad de otorgar al afectado el derecho de defensa o laoportunidad para interponer recursos, sino que exige además, tal y como loseñala el Art. 29 de la Carta, "(...) el ajuste a las normas preexistentes al actoque se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa queorienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal;el derecho a una resolución que defina cuestiones jurídicas planteadas sindilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir lasque se alleguen en contra y, desde luego, la plena observación de las formas
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